El escenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a ser testigo de un reclamo que, por repetido, no pierde ni un ápice de vigencia ni de gravedad. El presidente Luis Abinader subió al podio internacional, no a pronunciar un discurso de retórica complaciente, sino a lanzar una advertencia categórica y fundamentada en la cruda realidad geopolítica que comparte nuestra isla. Su mensaje fue inequívoco: la República Dominicana ha cumplido con creces su cuota de solidaridad, pero no puede, bajo ninguna circunstancia, convertirse en la válvula de escape ni en la solución unilateral al colapso del Estado haitiano.
La diplomacia dominicana ha transitado de la alerta preventiva a la exigencia frontal. El mandatario fue preciso al desvelar las costuras de la respuesta multilateral. Tras la salida de las tropas de Kenia y la extinción de la Misión Multinacional de Apoyo (MSS), el Consejo de Seguridad de la ONU dio paso a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). Un cuerpo diseñado con un mandato mucho más robusto para el combate directo y la neutralización de las bandas armadas que controlan el territorio vecino. Sin embargo, la brecha entre las resoluciones burocráticas de escritorio en Nueva York y la operatividad real en las calles de Puerto Príncipe sigue siendo alarmante.
La denuncia de Abinader cobra una relevancia crítica de cara al vencimiento del mandato de la GSF este próximo 30 de septiembre. Aunque este cuerpo militar y policial tiene un techo autorizado de 5.500 efectivos, en la práctica opera apenas con una quinta parte del personal promedio, esto es, 1.100 soldados. Esta alarmante asimetría operativa fue refrendada en el mismo foro de la ONU por el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, evidenciando que el problema central ya no es de soberanía o de diagnóstico, sino de franca deserción presupuestaria y logística por parte de las potencias llamadas a cooperar.
Para la República Dominicana, el fracaso o la parálisis de la GSF no es un asunto de debate teórico; es una amenaza directa a la seguridad nacional. El desplome definitivo de la seguridad en Haití arrastraría las economías y la estabilidad de toda la región caribeña. Por ello, el gobernante dominicano estructuró tres requerimientos inapelables: el despliegue inmediato de los efectivos pendientes, la aplicación rigurosa de un embargo de armas real y el estrangulamiento financiero de los promotores de las pandillas.
Paralelamente, la postura interna se mantiene inflexible. Mientras persista el letargo internacional, el Estado dominicano está compelido a arreciar el control migratorio, a blindar la frontera inteligente y a salvaguardar sus recursos. La política exterior dominicana ha fijado su postura histórica: “La solución de Haití está en Haití”
La comunidad internacional no puede seguir apostando al desgaste ni a la fatiga del pueblo dominicano. La renovación y el financiamiento pleno de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, siglas en inglés) será este fin de mes y dictará si la ONU mantiene su utilidad como garante de la paz global o si, por el contrario, abandona definitivamente a su suerte a una nación vecina, obligando a la República Dominicana a aplicar medidas de estricta supervivencia soberana. Pasó la hora de las promesas, es el momento de la ejecución sobre el terreno.
