Unos rayazos de la ministra Faride Raful para imponer fuertes límites al accionar policíaco cuando llega a excesos contra la población civil parecen venir al caso por el saldo en el primer semestre del año de al menos 147 muertes violentas sin investigar de personas a manos de agentes del orden que en su mayoría eran objeto de persecución por delitos incluyendo el caso que sacudió a la opinión pública recientemente y que costó la vida al joven de intachable conducta Darlin Enmanuel Mercado Reyes y que no dio ningún motivo para que se ejerciera alguna fuerza suprema en su contra.
Un incremento de 16.4% en las letalidades causadas por efectivos policiales en el mismo período del 2025; hechos de sangre que usualmente han quedado cerrados para todos los fines con las versiones dadas con unilateralidad por las superioridades de agentes actuantes y sin que el Ministerio Público a nivel nacional reaccionara cuestionadoramente como debe hacerlo con fines investigativos tras cada homicidio como corresponde bajo un estado de derecho y garantías para la vida.
La ministra de Interior y Policía ha sentenciado con claridad meridiana que a partir de este momento cualquier efectivo de la institución situada bajo su responsabilidad constitucional que de alguna manera actúe contra la ley deberá responder por sus actos ante los tribunales. Aunque es obvio que se trata de una subordinación al orden jurídico y a la autoridad legítimamente constituida que existe desde siempre, el poder civil a través de sucesivos mandatos y desde tiempos inmemoriales estuvo optando por tolerar las drasticidades sangrientas como supuesto remedio informal y terminante para la delincuencia. Dejar hacer, dejar pasar.
La inseguridad suele invadir barriadas por el riesgo que supone el que los agentes tengan licencia para disparar en determinadas circunstancias, a veces confusas, o en obediencia a instrucciones verbales de “ darle para abajo” a individuos puestos en lista negra. Los “más buscados” y más condenados a morir.
Las instrucciones de Faride no dejan lugar a dudas: toda actuación que comprometa la responsabilidad de un agente debe ser investigada.
