Las Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe, publicación elaborada por la Cepal, la Ocde, el Ciat y el BID, analizan la evolución de los sistemas fiscales entre 1990 y 2024 y ofrecen una visión integral de las principales tendencias tributarias de la región.
Según su edición más reciente, la República Dominicana continúa mostrando importantes debilidades en materia de eficiencia recaudatoria. Entre otras, la evasión del IVA (ITBIS) se encuentra entre las más elevadas de América Latina (43.8 %, 2017), frente a un promedio regional cercano al 30 %. Más preocupante aún es que, según los cálculos al 2025, en vez de mejorar, la situación ha tendido a deteriorarse.
Un indicador particularmente relevante es el denominado ratio de recaudación del IVA, que mide cuánto recauda efectivamente el Estado en relación con lo que teóricamente podría recaudar bajo un sistema de IVA “puro”, sin evasión ni exenciones. Mientras el promedio de América Latina y el Caribe alcanza 0.61 y el de Centroamérica y México se sitúa en 0.51, la República Dominicana registró apenas 0.368 en 2025. Solo México presenta un indicador inferior dentro de la subregión. A menor ratio, mayor es el nivel de ineficiencia recaudatoria.
Desde una perspectiva de economía política y legitimidad fiscal, resulta difícil justificar una reforma orientada a aumentar la carga tributaria sobre quienes ya cumplen con sus obligaciones cuando persisten niveles tan elevados de evasión y elusión. Si el ratio de recaudación fue de apenas 0.368, significa que por cada peso que potencialmente podría recaudar el Estado mediante la estructura vigente del ITBIS, solo está captando alrededor de 37 centavos. El problema, por tanto, no parece residir exclusivamente en las tasas impositivas, sino, mayormente, en la capacidad de administración, fiscalización y control tributario.
La propia evidencia regional muestra que existe un amplio margen para aumentar los ingresos sin elevar impuestos. Si la República Dominicana lograra alcanzar el promedio regional de eficiencia recaudatoria, los ingresos fiscales podrían incrementar en más de RD$256 mil millones, equivalentes a más de 3% del PIB. Incluso, converger hacia el promedio de Centroamérica y México permitiría obtener recursos adicionales cercanos a 1.9 % del PIB, una cifra muy superior al 0.6 % del PIB que se espera recaudar con la propuesta actualmente sometida a discusión.
Naturalmente, nadie debe asumir que una mejora de esta magnitud puede alcanzarse de un año para otro. Existen factores estructurales que explican la brecha observada. Sin embargo, ello no modifica la cuestión de fondo: antes de imponer nuevas cargas tributarias, parece razonable agotar las oportunidades que ofrece el propio sistema vigente.
Nadie discute que el Estado necesita recursos suficientes para financiar infraestructura, educación, salud, seguridad y protección social. Pero también es legítimo preguntarse si se han utilizado plenamente las herramientas disponibles para combatir la evasión y la elusión, reducir exenciones ineficientes, fortalecer la administración tributaria y mejorar la calidad del gasto público.
En términos de secuencia lógica y de legitimidad democrática, la prioridad inmediata debería ser elevar la eficiencia recaudatoria del sistema actual. Solo después de haber avanzado de manera significativa en esa dirección tendría sentido evaluar si persiste una brecha fiscal estructural que justifique una nueva reforma tributaria.
Una propuesta tributaria suele ser aceptada cuando existe confianza en que todos pagan de acuerdo con la ley, los recursos son bien administrados y el Estado hace esfuerzos visibles para controlar el fraude. Cuando la ciudadanía percibe elevados niveles de evasión, corrupción o despilfarro, la disposición a aceptar nuevos impuestos disminuye considerablemente.
La experiencia internacional muestra que la moral tributaria depende tanto de la capacidad coercitiva del Estado como de la percepción de legitimidad y equidad del sistema.
Una reforma tributaria sostenible requiere que el Estado pueda demostrar primero que está utilizando todas las herramientas disponibles para combatir la evasión y ampliar el cumplimiento tributario. Solo después de avanzar significativamente en esa dirección podría plantearse con mayor legitimidad la necesidad de nuevos tributos o de una ampliación de la base imponible.
En definitiva, la discusión no debería centrarse primero en cuánto recaudar, sino en cuánto más puede recaudarse con las reglas ya existentes. Mientras persistan niveles tan elevado de evasión e ineficiencia, la principal reforma pendiente no parece ser la creación de nuevos tributos, sino el fortalecimiento de la capacidad del Estado para hacer cumplir los que ya existen.
Juan Temístocles Montás
