El asesinato de Esmeralda Moronta de los Santos, madre de dos niños de 10 y 3 años, ha puesto bajo escrutinio los protocolos de atención a víctimas de violencia de género en República Dominicana. La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, lamentó profundamente el crimen y aseguró que el Ministerio Público investiga no solo las circunstancias del hecho, sino también la respuesta institucional tras la denuncia presentada por la víctima.
Moronta de los Santos fue atacada a tiros por su expareja, Omar Tejeda Guzmán, de 48 años, en un colmado del sector Alma Rosa, donde intentó refugiarse. El feminicidio ocurrió apenas horas después de que la joven acudiera a la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales en Santo Domingo Este, acompañada de una amiga, para denunciar acoso y persecución.
Esmeralda Moronta
La procuradora explicó que se está verificando si la Unidad agotó los pasos previstos en el protocolo de atención y protección, que incluyen medidas de seguridad inmediatas, evaluación de riesgo y seguimiento a la denuncia. “El caso será investigado con el rigor que exige la gravedad del hecho”, afirmó Reynoso, al tiempo que expresó su solidaridad con los familiares y, en especial, con los hijos menores de la víctima.
Desgarrados de dolor, dan el último adiós a Esmeralda Moronta: «Ay, esto es muy grande, ¿por qué se la llevaron así?»
El feminicidio de Esmeralda se suma a los 32 casos registrados en lo que va de 2026, según cifras oficiales. Mayo, mes dedicado a las madres en República Dominicana, se ha convertido en un período de luto y reflexión, marcado por asesinatos de mujeres que dejan hijos en la orfandad y familias destrozadas.
La Procuraduría General busca determinar si hubo fallas en la aplicación de los protocolos, un aspecto clave en la prevención de feminicidios. Organizaciones sociales han señalado que muchas víctimas acuden a denunciar, pero no siempre reciben la protección adecuada, lo que las deja expuestas a sus agresores.
El caso de Esmeralda Moronta ha generado indignación nacional y reabre el debate sobre la efectividad de las instituciones encargadas de atender la violencia de género. La revisión de protocolos será determinante para establecer responsabilidades y evitar que tragedias similares se repitan.
