La coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, magistrada Kenya Romero, dijo ayer que en la reforma procesal que cursa en el congreso nacional y en su dinámica de implementación por parte de los actores clave del sistema, “se debe repensar las formas de judicializar los procesos” y hacer un uso mayor y mejor de las resoluciones alternas al conflicto.
Consideró que la modificación a la Ley 76-02 que crea el Código procesal Penal (CPP) de República Dominicana , debe impactar en la optimización del proceso penal, a los fines de reducir “el alto nivel de judicialización de casos” que podrían solucionarse en las etapas tempranas, con el uso de otros mecanismos procesales, a través de un abordaje estratégico.
“Resulta imperativo abordar adecuadamente la gestión judicial de los procesos desde la realidad práctica de las personas que interactúan, para así fortalecer la tutela judicial efectiva…”, dijo .
Agregó que para eso es necesario pensar las dinámicas desde todos los actores claves del sistema judicial penal, “no desde nuestro contexto individual, sino desde el contexto práctico de las personas que tienen contacto con el sistema”, subrayó.
La magistrada Romero habló en esos términos al participar en el panel “La reforma de Código Procesal Penal en perspectiva: efectividad y garantías”, organizado por la Escuela Nacional de la Judicatura, en coordinación con la facultad de derechos de la Universidad Iberoamericana (UNIBE).
valora tecnología
La jueza Romero también favoreció en uso de las tecnologías que se están implementando desde el Poder J udicial, afirmando que esas plataformas “facilitan la comunicación, interacción y notificación expedita, mitigando las dilaciones innecesarias” para el conocimiento de los procesos judiciales.
Dijo que no obstante la resistencia natural de algunos, “desde que debutamos a nivel global con el uso de las herramientas de la tecnología durante la pandemia, hay avances significativos y progresivos”, gracias a la capacitación de los operadores o actores claves del sistema, los usuarios y abogados, que se han ido familiarizando con las plataformas de acceso.
“El uso de la tecnología como herramienta de apoyo elimina las burocracias innecesarias, garantiza la tutela judicial efectiva, el debido proceso y, sobre todo, la transparencia”, puntualizó la jueza.
