El coordinador de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez, manifestó su preocupación por la posible dilación del proceso seguido contra los propietarios de la discoteca Jet Set, recordando antecedentes de casos de corrupción con más de 90 aplazamientos.
Álvarez señaló que la justicia dominicana enfrenta un gran reto en este caso, ya que “justicia tardía es justicia denegada”.
Recordó el expediente del general Rodríguez Luparte, que acumuló 94 aplazamientos en la etapa preliminar y 24 más sin iniciar el juicio de fondo, como ejemplo de la lentitud que puede afectar procesos de alto impacto.
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El dirigente social insistió en que el caso Jet Set debe ser conocido con agilidad, sin apresuramientos pero evitando retrasos innecesarios, garantizando que se presenten las pruebas y que los jueces decidan sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados.
Consultado sobre la posible influencia del poder político y económico, Álvarez consideró difícil que estos factores puedan incidir de manera determinante, dado el nivel de visibilidad y atención que ha generado el caso en la sociedad dominicana.
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Como salida eficiente, sugirió que los imputados podrían optar por un acuerdo penal abreviado con el Ministerio Público, admitiendo responsabilidad y aceptando la pena máxima de dos años que establece el homicidio involuntario.
“Una estrategia adecuada sería cerrar el caso sin seguir revictimizando a los afectados”, puntualizó.
