Por Israel Figueroa.— El diario chileno La Tercera informó que el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile (CAPJ) abrió una investigación a los encargados del departamento que aplica la tecnología y la inteligencia artificial en la judicatura chilena por presuntamente asumir funciones similares, de manera paralela, en otros países, entre los que se menciona a la República Dominicana.
La investigación abarcaría al director del Departamento de Desarrollo Institucional (DDI), Mario Lara, el sub director Esteban Paiva y al funcionario Pablo Cabezas.
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De acuerdo con la publicación, los investigados habrían desarrollado actividades comerciales paralelas en otros países utilizando conocimientos adquiridos en la institución responsable de la administración del sistema judicial chileno.
No obstante, fuentes judiciales citadas por La Tercera señalaron que el funcionario ha negado haber incurrido en dichas prácticas.
La decisión de iniciar la investigación fue adoptada por el Consejo Superior de la CAPJ tras recibir una denuncia.
El DDI constituye el brazo técnico de la CAPJ y es responsable de evaluar los requerimientos tecnológicos de los tribunales para garantizar su adecuado funcionamiento.
La decisión de iniciar la investigación fue tomada por el CAPJ luego de recibir una denuncia. Esta instancia está integrada por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, y los supremos titulares Gloria Ana Chevesich, María Soledad Melo, Adelita Ravanales y María Cristina Gajardo. Como ministros suplentes están Leopoldo Llanos y Andrea Muñoz.
La publicación establece que “fuentes judiciales comentan que cuando el consejo recibió la denuncia y tomó conocimiento de eventuales irregularidades cometidas al interior de la CAPJ, ordenó a la ministra Gajardo que asumiera como la instructora de la indagatoria”.
Por “la gravedad de los hechos denunciados”, el 9 de diciembre la ministra Gajardo suspendió a los tres funcionarios de sus cargos por un plazo de dos meses.
