Panorama Política. El Dr. Isaías Ramos, presidente del Foro y Frente Cívico y Social, expresó su profunda preocupación ante la promulgación de la Ley 13-26, mediante la cual el Poder Ejecutivo eliminó las candidaturas independientes del sistema electoral dominicano, derogando los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23.
Ramos sostuvo que esta decisión no debe leerse como una simple diferencia política o legislativa, sino como la reapertura de “un conflicto constitucional de primera magnitud”, debido a que el artículo 184 de la Constitución establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para los poderes públicos, mientras que el artículo 127 consagra el juramento presidencial de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República.
“El país no presenció una firma más. Presenció una decisión que, en nuestra opinión, desconoce el alcance material de una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional y cierra una vía concreta de participación política que había sido constitucionalmente protegida”, afirmó Ramos.
El Foro y Frente Cívico y Social recordó que la sentencia TC/0788/24 sostuvo que el artículo 216 no monopoliza en los partidos políticos la presentación de toda candidatura, por lo que entiende que la eliminación de las candidaturas independientes representa una restricción grave de una vía de participación política protegida por la Constitución.
“Discrepar del Tribunal Constitucional puede ser legítimo. Lo que no puede normalizarse en un Estado constitucional serio es legislar como si un precedente vinculante no obligara. La Constitución no es una sugerencia: es una frontera”, expresó Ramos.
El presidente del Foro y Frente Cívico y Social advirtió además que resulta especialmente preocupante que, salvo contadas excepciones individuales, amplios sectores del sistema político hayan optado por relativizar el mandato constitucional en lugar de defenderlo con la firmeza que exige la República. A su juicio, cuando una sentencia constitucional puede ser vaciada de contenido por conveniencia política, se erosiona la confianza pública, se debilita la seguridad jurídica y se estrechan los canales de participación del ciudadano común.
Ramos afirmó que la organización mantendrá una línea de acción “pacífica, cívica y constitucional” para defender los derechos políticos de la ciudadanía y la supremacía de la Carta Magna.
“Una ley puede cerrar una puerta por ahora, pero no puede derogar la Constitución ni borrar un precedente vinculante del Tribunal Constitucional. Por eso esta ley no tendrá la última palabra. La tendrán, más temprano que tarde, la Constitución, la ciudadanía organizada y la verdad republicana”, concluyó.
