El país ha ido avanzando en materia del Estado social y democrático de derecho, sobre todo, a partir de la Constitución del 2010 y se ha afianzado el principio de que todas las personas están sujetas a un orden jurídico establecido. Sin embargo, no todo es perfecto y siguen pendiente algunas reformas en la justicia.
En este planteamiento coincidieron los juristas Olivo Rodríguez Huertas, Miguel Valerio y Patricia Santana, durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.
Rodríguez reconoció que los ciudadanos cuentan con un espacio más amplio de libertad y que la reforma constitucional del 2010 no solo amplió la esfera de los derechos fundamentales, sino, que se preocupó por establecer un conjunto de garantías, para así dar cumplimiento a tratados internacionales.
“Hay un arsenal de medidas en la Constitución que procura que esos derechos sean realmente efectivos, que se cuente con instrumentos. Porque de nada vale que la Constitución establezca un catálogo de derechos, si las personas, en caso de violación, no puedan revertir esa situación”.
Valoró el papel protagónico del Tribunal Constitucional para esas garantías e imponer sus disposiciones por encima de las autoridades y normativas que contradicen los valores constitucionales y la dignidad de las personas . “El Tribunal Constitucional se ha preocupado realmente por garantizar la supremacía de la Constitución”.
Puedes leer: Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC
Mientras que, Santana expuso que el constitucionalismo dominicano en los últimos 30 años ha tenido un impacto muy importante, por la forma en la que se ha ido transformando el derecho en el país.
Indicó que la Constitución reconoce como su fundamento la dignidad de las personas y la obligación del Estado de proteger los derechos, de hacerlo de manera progresiva y garantizar la igualdad, colocando a las personas en el centro de toda la dinámica estatal y, obviamente, de la labor del sistema de justicia.
“Nosotros venimos de un sistema de justicia donde el juez tenía la idea del imperio de la ley y ahora en la Constitución nos coloca en el centro de todas tus decisiones y de todas tus políticas a las personas”.
Subrayó que la Constitución incluye un catálogo de derechos humanos fundamentales amplio, también protección reforzada a personas en situación de vulnerabilidad e incluye las bases sobre la cual debe ser interpretada.
De su lado Valerio expuso que se requiere continuar con la segunda ola de reforma judicial para afianzar en el Estado social y de derecho. Entiende que un reto importante es la digitalización de la justicia, para garantizar el acceso y la celeridad, pues los tribunales están colapsados. Abogó por las soluciones alternas al conflicto, ya que los acuerdos judiciales que permiten minimizar lo que llega a los tribunales y evita riesgos de amenaza de testigos, obstrucción de justicia y estafa procesal.
