Por Israel Figueroa.- El Seguro Nacional de Salud (SENASA) se presenta como el garante del derecho a la salud de millones de dominicanos. Pero detrás se esconden contratos con prestadores privados que levantan serias sospechas, ya que reciben altas sumas de dinero sin la certeza de que los servicios contratados son recibidos.
En octubre del año 2020, su pasado director Santiago Hazim firmó un addendum con Khersum SRL, quien según su registro mercantil es propiedad del cirujano dental Eduardo Read Estrella, y modificó un acuerdo previo de 2016 para “ampliar la red de prestadoras y ofrecer mayores prestaciones” a 500 mil afiliados ahora del régimen subsidiado.
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El programa N Investigación Periodística presentó en su entrega de esta semana que el punto más crítico es que la negociación fue por capitado, es decir se paga por cada afiliado, independientemente de que hayan o no servicios.
Anteriormente, el SENASA solo pagaba por cápita, en lugar de servicios brindados, a la red pública para fortalecerla, pero no a prestadores privados.
Este contrato, según el ex ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, “en los pagos capitados se supone que los centros de salud estén en responsabilidad de mejorar la salud de esas personas, pero eso es muy difícil monitorear. Es muy difícil monitorear si los centros están llamando a las personas para que vayan, si los están visitando en sus hogares”.
En este caso, la cápita fija es RD$130 por afiliado, equivalente a RD$65 millones mensuales, RD$780 millones al año. Es decir, Khersun cobra esa suma independientemente de cuántos servicios se presten en realidad. Este esquema genera un riesgo evidente: si el consumo real de servicios es bajo, el Estado estaría pagando de más.
En la práctica, se convierte en un negocio seguro para el privado y un mal negocio para lo público, ya que los afiliados subsidiados ya tienen derecho a recibir servicios gratuitos en la red hospitalaria estatal. Incluso, a pesar de que la institución, les paga por RD$500 mil afiliados, se estima que apenas del 30 al 35% de ese total apenas acuden a recibir los servicios.
“Por eso en la mayoría de los países el primer nivel de atención es exclusivamente público. Lo privado se da en imágenes, en estudios y en tratamientos y evaluaciones especializadas, pero no tanto en la atención primaria que es proactiva en estar tras la salud de los pacientes” acotó.
La problemática principal podría ser una mala gestión sobre todo si se observan unos contratos firmados en la pasada administración de millones de pesos donde se privatiza el servicio de atención primaria que es el primer contacto de las personas con el sistema de salud, que abarca desde la prevención de enfermedades hasta el tratamiento y la rehabilitación en el régimen subsidiado que es el financiado por el Estado para proteger a desempleados, discapacitados e indigentes.
Solo esta empresa recibe 500,000 afiliados, lo interesante sería saber cómo lo repartieron en los supuestos 35 consultorios privados que tiene en diferentes puntos del país, sería lo interesante saber porque habría tenido que hacerse un reparto según el domicilio del afiliado y el lugar donde se encuentre el consultorio privado porque de lo contrario no tendría sentido estar afiliado para esta atención primaria en un lugar distante al domicilio que conlleve dinero y tiempo.
Otra cuestión que afloró en el trabajo investigativo es cómo estos afiliados saben dónde han sido asignados, porque esas prestadoras de servicios privados debe ser las que llamen a cada uno de sus afiliados para que sepan que están dando el servicio y por supuesto supervisar de qué esto se realice, pero me imagino que esto nunca se realizó.
“Son esos centros que tienen que estar constantemente, proactivamente invitando a los pacientes a que vayan a hacerse sus chequeos regulares, a que modifiquen hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio. No es tan fácil que un privado que por lógica tiene disminución de costos, haga eso” dijo Juan Ariel Jiménez.
En el programa de investigación se llamó, vía telefónica a SENASA, y al preguntar por el centro de atención primaria que le corresponde a un envejeciente afiliado al Régimen Subsidiado, la información que dieron fue que esa información está en la carta de afiliación del señor.
“La UNAP que le corresponde es el Hospital Municipal de Villa Mella. En este caso, lo privado no tiene cobertura. solamente en centros públicos” respondieron.
Es decir que ni siquiera SENASA tiene conocimiento de estos contratos por millones de pesos a favor de centros de salud privados donde se establece cobertura de atención primaria para el Régimen Subsidiado.
En el sencillo y poco detallado contrato que se presentó de 16 páginas, donde no se precisan los mecanismos de fiscalización, seguimiento, auditorías a servicios realizados, entre otras supervisiones de la institución, lo que se establecen son los puntos donde se darán la atención y algunos de ellos, como uno ubicado en la avenida Tiradentes esquina Gustavo Mejía Ricart, tiene numerosos servicios: medicina general ginecología, pediatra, medicina familiar, nutricionista, oftalmología, optometría, audiometría, toma de muestra, electrocardiograma, ecografía, vacunas de PAI y prescripción de medicamentos.
Llamadas y un recorrido con cámaras ocultas escogidos al azar de los 35 puntos médicos contemplados en el contrato confirmaron el problema.
Desde 2021 a 2025, por concepto de régimen subsidiado Khersum ha recibido 3 mil millones 770 mil pesos, de los cuales aproximadamente el 30% debió ir a Senasa.
De cinco “puntos médicos” visitados por el programa N Investiga, de los 35 que la empresa tiene distribuidos a nivel nacional, el ubicado en Diamond Plaza fue el único sitio que tenía amplia disponibilidad de maquinarias y especialistas y donde se veía flujo de pacientes.
Otra de las prestadoras privadas de salud con las que el régimen subsidiado de SENASA hizo negocios es My Care RD, marca registrada en la Cámara de Comercio bajo el nombre de Grupo Siulrod SRL, conformada en septiembre de 2020, con la actividad de brindar servicios de telemedicina y de salud a través de medios tecnológicos. Figuran como socios Ramón Alan Speakler Mateo y Rafael Luis Martínez Báez, pero quien aparece públicamente como representante es Rafael Martínez Hazim, familiar de Santiago Hazim, exdirector de Senasa.
La página web de esta empresa actualmente está inhabilitada y fue imposible contactarla para solicitar los servicios.
La pregunta que flota es ¿Por qué entregar esa masa crítica de recursos a una empresa y no fortalecer hospitales públicos, muchos de los cuales sobreviven con presupuestos insuficientes? Como hemos comprobado en reportajes previos donde hemos denunciado las deplorables condiciones y deficiencias de esos centros.
Ejemplos claros son el Hospital Regional Alejandro Cabral, en San Juan de la Maguana, que atiende 1,500 pacientes diarios con una subvención mensual de apenas 4 millones de pesos y una facturación mensual aproximada por seguros de entre 8 y 9 millones de pesos. El Hospital Salvador B. Gautier, que con una subvención mensual de apenas 9 millones de pesos atendió a casi un millón de pacientes en un año. El Hospital Arístides Fiallo Cabral, en La Romana, recibe apenas 1.7 millones de pesos mensuales. Mientras SENASA acumula deuda con los hospitales de la red pública, los prestadores privados reciben puntualmente los pagos. Con los mismos 65 millones de pesos al mes destinados al contrato con Khersun SRL, el Estado podría haber reforzado la atención primaria, ya que República Dominicana es uno de los países que menos invierte en ese aspecto.
El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) es la Administradora de Riesgos de Salud más grande de la República Dominicana, con más de 7 millones 588 mil afiliados, cerca del 70 % de la población. De ellos, más de 1,7 millones están en el Régimen Contributivo, unos 105 mil son pensionados o jubilados, y más de 5 millones 700 mil corresponden al régimen subsidiado.
Desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, la institución estuvo dirigida por el ortopeda, traumatólogo y político, Santiago Hazim, quien aumentó su salario de 286 mil a 424 mil 500 pesos mensuales. Bajo su gestión, la nómina pasó de 70 millones 340 mil pesos con 1,408 empleados en agosto de 2020 a más de 98 millones en julio de 2025 con 1,971 empleados, incluyendo 19 nuevos puestos de oficinas de Senasa en Nueva York, Nueva Jersey, Puerto Rico, Florida, Boston y Pensilvania con sueldos que van desde 163, 400 pesos hasta 341, 340 pesos, para un total de más de 5 millones de pesos que antes la institución se ahorraba ya que el servicio era ofrecido en los consulados dominicanos de esas ciudades.
Y ni hablar de las bonificaciones que reciben los empleados mes tras mes libres de retenciones, que han pasado de más de 35 millones de pesos a más de 58 millones de pesos.
Mientras, esto ocurría, a mediados de 2023 comenzaron a crecer las críticas por deficiencias en servicios, retrasos en autorizaciones, morosidad en pagos a prestadores y, sobre todo, por un déficit financiero que, según cifras oficiales, alcanzó más de 5,000 mil millones de pesos en 2024.
Sin embargo, el dato es objeto de disputa: la Superintendencia de Salud (Sisalril) advierte que las informaciones están sujetas a importantes correcciones debido a ajustes de auditoría a junio de 2025 y presentan retrasos en la remisión de estas; especialistas del sector lo sitúan en 14 mil millones; y otros hasta 21 mil millones.
Lo que resulta difícil de entender es cómo la ARS estatal, con el monopolio del régimen subsidiado y presencia dominante en el contributivo, llega a esa situación cuando debería ser la más rentable del sistema. De hecho, en años anteriores siempre cerró con números positivos.
El gobierno atribuye el déficit al incremento de afiliados subsidiados, que pasó de 3,9 millones en 2020 a 5,7 millones en 2024, tras la incorporación de 2,4 millones de ciudadanos sin seguro, medida impulsada en el primer gobierno de Luis Abinader.
Pero no todos coinciden. Expertos sostienen que esa ampliación de más afiliados debería dejar más ganancias y no pérdidas ya que esos nuevos incorporados al régimen subsidiado no usan servicios de manera frecuente, mientras el gobierno continúa pagando por ellos.
Ante la solicitud de ser entrevistados para que den sus versiones, tanto el ex director del SENASA, Santiago Hazim, como el actual titular Edward Guzmán rechazaron responder preguntas.
