La Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia Santiago aplazó este viernes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los once agentes policiales imputados por la muerte de cinco hombres en una plaza comercial de La Barranquita.
La audiencia fue reprogramada para el próximo jueves 9 de octubre, a fin de que los abogados de los agentes dispongan de tiempo para estudiar el expediente acusatorio y para que los familiares de las víctimas puedan estar presentes.
«Un plazo para analizar la gran cantidad de pruebas presentadas por el Ministerio Público y socializar esas pruebas con sus representados«, manifestó el procurador adjunto Wilson Camacho.
Imputados
Los procesados son los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo, y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
Los policías se les imputa por asociación de malhechores y homicidio voluntario en perjuicio de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly y/o Charli Chasc), de 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.
El Ministerio Público pide la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, y sostiene en la medida de coerción que, luego de cometer el hecho, los imputados desarrollaron una serie de acciones con el objetivo de ocultar evidencias y entorpecer la investigación posterior.
La Procuraduría otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.
Los agentes policiales llegaron a la plaza en tres vehículos —dos carros, un Mazda y un Honda Civic, y una KIA modelo K5 del año 2013—. “Los imputados pusieron en marcha los vehículos y se ubicaron frente a la entrada de la plaza; rápidamente salieron de los referidos vehículos y, sin mediar palabras, dispararon contra las víctimas”, en presencia de un testigo que logró grabar lo sucedido y a quien los imputados le quitaron su teléfono móvil.
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Además, sustrajeron los DVR de los negocios del lugar del hecho, “así como varios teléfonos pertenecientes a distintas personas presentes, con el interés de destruir evidencias del proceso y entorpecer la investigación”. Incluso, agrega la solicitud de medida, llamaron al propietario de un negocio que estaba cerrado para exigirle el DVR del local, el cual tomaron y se llevaron.
Tras lo ocurrido, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al director general de Persecución del Ministerio Público y a la fiscal titular de Santiago a realizar una investigación para “determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso en cuestión y proceder conforme al resultado de la misma”.
