Por Israel Figueroa.– Cada hora es crucial cuando un niño desaparece y cada minuto puede marcar la diferencia entre encontrarlo con vida o no volver a verlo jamás. En la República Dominicana, la desaparición de menores continúa enfrentando serios obstáculos, entre ellos la lentitud en la reacción, la desinformación y la ausencia de un protocolo unificado que permita actuar de manera inmediata.
Ante esta realidad, un proyecto de ley propone la implementación en el país de la Alerta Amber, un sistema de notificación temprana diseñado para movilizar rápidamente a la población cuando un menor es secuestrado y se presume que su vida corre peligro.
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La iniciativa busca que, una vez activada la alerta, la información llegue de forma simultánea a teléfonos celulares, medios de comunicación, pantallas en autopistas, correos electrónicos y plataformas digitales, multiplicando así los ojos y oídos disponibles para la búsqueda.
La Alerta Amber se originó en 1996, en Arlington, Texas, tras el secuestro y asesinato de Amber Hagerman, una niña de nueve años. A partir de ese trágico suceso, se creó este mecanismo con el objetivo de compartir información de manera rápida y masiva, permitiendo que la ciudadanía colabore activamente con las autoridades. Su principio es claro: mientras más personas estén informadas en menos tiempo, mayores son las probabilidades de rescate.
Actualmente, el sistema está implementado en los 50 estados de Estados Unidos, así como en Puerto Rico, las Islas Vírgenes y más de 30 países alrededor del mundo. Su activación se rige por criterios estrictos, aplicándose solo en casos graves, cuando un menor de 17 años es reportado como secuestrado y existe un riesgo inminente para su vida, a fin de evitar el uso excesivo que pueda generar insensibilidad en la población.
De acuerdo con datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hasta mayo de 2020 un total de 988 niños habían sido recuperados exitosamente gracias a la activación de la Alerta Amber, lo que evidencia su efectividad como herramienta de respuesta inmediata.
En contraste, en la República Dominicana se registran más de 2,242 casos de personas desaparecidas sin resolver entre junio de 2022 y febrero de 2025, según la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos (Asodofade). Para familiares y defensores de derechos humanos, esta cifra refuerza la urgencia de adoptar mecanismos probados que permitan actuar con rapidez.
Mientras el Estado y el sector privado avanzan lentamente en la discusión de esta iniciativa, los niños continúan desapareciendo y muchas familias enfrentan solas el vacío, la incertidumbre y el miedo. La protección de la niñez, coinciden los expertos, exige prevención, reacción inmediata y voluntad política, elementos clave para que la Alerta Amber deje de ser una propuesta y se convierta en una realidad capaz de salvar vidas.
