La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, programó para el 17 de noviembre el inicio del juicio preliminar contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros ocho acusados en la denominada Operación Camaleón.
La magistrada instruyó a la secretaria del tribunal a notificar la convocatoria al Ministerio Público y a las defensas de los imputados, disponiendo que la audiencia se celebre a las 9:00 de la mañana. La fijación se produjo luego de que la jueza coordinadora Kenya Romero apoderara a dicho tribunal para conocer la solicitud de apertura a juicio presentada por el Ministerio Público.
La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción, quien estuvo a cargo del control de la investigación, se desapoderó del expediente, dejando el proceso en manos del tribunal presidido por Rivas.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), presentó acusación formal contra diez personas físicas y siete empresas, señaladas como parte de una red de corrupción administrativa y lavado de activos que operaba desde el Intrant y el Ministerio de Defensa.
Entre los procesados figuran Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero; y Carlos José Peguero Vargas. También fueron imputados Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las empresas señaladas en la acusación son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
De acuerdo con el expediente, el Ministerio Público recopiló pruebas de contratos irregulares, desvío de fondos públicos, fraude en licitaciones y lavado de activos, además de sabotajes tecnológicos a la red semafórica del Gran Santo Domingo. Las maniobras fraudulentas se habrían canalizado mediante empresas vinculadas a Gómez Canaán, quien, según la Pepca, actuó como cabecilla del entramado.
Los fiscales sostienen que bajo la dirección de Jochi Gómez, las compañías Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix se beneficiaron de contratos amañados, controlando sistemas de semáforos, videovigilancia y plataformas tecnológicas estatales. La acusación afirma que el grupo utilizó su posición para estafar al Estado y lavar dinero a través de estructuras corporativas y financieras.
En octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, declaró el caso complejo e impuso medidas de coerción a los principales acusados.
Entre los cargos presentados se incluyen corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, lavado de activos, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación y delitos tecnológicos, conforme al expediente del Ministerio Público.
