El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de la Administración de Donald Trump y le permite de nuevo revocar el estatus de protección temporal (TPS) poniendo en riesgo de deportación a cerca de 300,000 migrantes venezolanos.
El tribunal falló, con seis votos a favor y tres en contra, dar la razón al Departamento de Seguridad Nacional, y contravenir la decisión de un tribunal de distrito de California que negó al Gobierno de Donald Trump la posibilidad de suspender el TPS para unos 600,000 inmigrantes.
El fallo de este viernes deja a 350,000 venezolanos en riesgo de detención y deportación inmediata, mientras otros 250,000 venezolanos quedarán desprotegidos el 7 de noviembre, fecha en que expirará el amparo para ese grupo, mientras que la decisión podría no afectar por el momento a beneficiarios haitianos del TPS.
«Aunque las posturas en el caso han cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos no lo han hecho. El mismo resultado que se acordó en mayo es el apropiado», indica la opinión de la mayoría en referencia a una decisión anterior en el mismo caso que daba la razón al Gobierno de Trump en el mismo caso por la vía de emergencia.
Las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron a la decisión de la mayoría.En su opinión contraria al fallo, Jackson aseguró que «no puedo estar de acuerdo con estas interferencias repetitiva, gratuita y dañina en los casos que siguen pendientes en tribunales inferiores mientras hay vidas en la balanza».
El Gobierno pidió al Supremo a finales de septiembre que se le permitiera retirar las protecciones contra la deportación que había sido extendida por orden de un juez federal.
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Universidad de California Los Ángeles, que hace parte de los abogados demandantes, calificó el fallo como “la señal más extrema» de que la Corte Suprema «ha abandonado el derecho por la política».
El fallo del Tribunal Supremo es parte de una disputa legal que inició contra el amparo concedido por el expresidente Joe Biden en 2021 y que amplió en 2023 para cobijar a un mayor número de inmigrantes, que ingresaron a EEUU de forma irregular.
