El 28 de diciembre de 2021 publiqué en Acento un artículo titulado ¿Se aproxima una nueva ola de izquierda en América Latina?, en el que examinaba las victorias de Pedro Castillo en Perú, Luis Arce en Bolivia, Xiomara Castro en Honduras y Gabriel Boric en Chile. Argumentaba entonces que aquel giro electoral no expresaba necesariamente una conversión ideológica de la región, sino el desencanto de ciudadanos cuyas expectativas económicas y sociales seguían insatisfechas.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2026 devuelve actualidad a esa discusión, ahora en un escenario internacional dominado por la rivalidad entre Estados Unidos y China, el debilitamiento del multilateralismo y la reorganización del comercio mundial. Su victoria invita a plantear una pregunta más profunda que la continuidad de un gobierno progresista: ¿puede la izquierda latinoamericana ofrecer prosperidad duradera sin depender de coyunturas externas favorables?
Brasil posee una influencia singular por su tamaño económico, sus recursos naturales y su peso diplomático. Lula ha buscado preservar la autonomía estratégica del país mediante relaciones con Washington, Pekín y Europa, mientras utiliza espacios como los BRICS para ampliar sus opciones de negociación. Esa política adquiere relevancia ante la competencia por minerales críticos y cadenas de suministro, pero también revela una dificultad conocida: disponer de recursos estratégicos no equivale a dominar las tecnologías ni las industrias que capturan su mayor valor.
La historia económica latinoamericana está marcada por esa distancia entre riqueza natural y desarrollo productivo. Durante la primera marea rosa, el auge de las materias primas permitió financiar programas sociales, expandir el consumo y reducir la pobreza. Fueron avances reales, aunque en muchos países no estuvieron acompañados de una diversificación industrial suficiente ni de mejoras sostenidas de productividad. Cuando cayeron los precios internacionales, aparecieron restricciones fiscales y se debilitó la capacidad de responder a las expectativas creadas.
De ahí que resulte engañosa la oposición entre estabilidad macroeconómica y justicia social. La inflación erosiona los salarios y golpea especialmente a los hogares pobres, mientras que una deuda insostenible reduce los recursos disponibles para educación, salud e infraestructura. La prudencia fiscal, sin embargo, tampoco puede convertirse en un objetivo desligado del bienestar: una economía ordenada que no genera empleos dignos ni movilidad social deja intactas las razones del descontento.
Las reflexiones de Nancy Fraser en Capitalismo caníbal permiten examinar esta tensión desde otra perspectiva. Para la filósofa estadounidense, el capitalismo se sostiene sobre condiciones que su propia dinámica amenaza: los cuidados, la naturaleza, los bienes públicos y el poder democrático. Por ello, una política progresista que se limite a redistribuir ingresos corre el riesgo de aliviar los síntomas de la desigualdad sin intervenir sobre las relaciones económicas y sociales que la reproducen.
La experiencia de Lula muestra tanto el alcance como los límites de ese reformismo. Sus primeros gobiernos contribuyeron a reducir la pobreza y ampliar el acceso al consumo, pero no eliminaron la dependencia de exportaciones primarias ni las profundas desigualdades estructurales de Brasil. Fraser no ofrece una receta para la política económica brasileña, aunque su crítica ayuda a formular la pregunta decisiva: ¿cómo pasar de compensar los efectos de un modelo de desarrollo a modificar las condiciones en que se produce y distribuye la riqueza?
La respuesta exige algo más que transferencias sociales o propiedad estatal. Supone fortalecer capacidades tecnológicas, mejorar la educación, elevar la productividad y crear empleos formales, sin ignorar el trabajo de cuidados ni trasladar los costos ambientales a las comunidades vulnerables. También requiere instituciones competentes y una política industrial que impulse la innovación sin proteger indefinidamente empresas ineficientes. En ese terreno, la propuesta de Fraser amplía el horizonte social del progresismo, mientras las restricciones fiscales y productivas recuerdan la dificultad de convertir sus aspiraciones en políticas sostenibles.
Lula enfrenta hoy esas tensiones en una sociedad polarizada y en una economía sometida a una competencia tecnológica mucho más intensa que durante sus primeros mandatos. Su margen diplomático puede atraer inversiones y abrir mercados, pero el resultado dependerá de decisiones internas sobre infraestructura, educación, industria y distribución de oportunidades. La autonomía internacional solo tendrá contenido social si contribuye a mejorar las condiciones de vida.
Tampoco conviene interpretar su victoria como prueba de un desplazamiento permanente de América Latina hacia la izquierda. La alternancia regional revela electorados que castigan la pérdida de ingresos, la inseguridad y la mala calidad de los servicios públicos, cualquiera que sea la orientación del gobierno. Los triunfos electorales expresan expectativas, no garantizan adhesiones duraderas.
La lección que une a Lula con Fraser es, precisamente, que la redistribución importa, pero no agota la justicia social. La izquierda latinoamericana necesita revisar cómo se crea la riqueza, quién participa de sus beneficios y qué costos soporta la sociedad, sin sacrificar la estabilidad económica que permite sostener sus conquistas. Su futuro no se decidirá únicamente en las urnas ni en los foros internacionales, sino en su capacidad de traducir el poder político en transformaciones productivas y bienestar tangible. La justicia social no se proclama desde el gobierno: se demuestra en la vida cotidiana de los ciudadanos.
