Hay libros que transforman una discusión sin resolverla por completo. Por qué fracasan los países, de Daron Acemoglu y James A. Robinson, pertenece a esa categoría. Su argumento central sostiene que la prosperidad depende fundamentalmente de las instituciones políticas y económicas. La tesis resulta convincente porque sitúa el poder en el centro del desarrollo. Sin embargo, deja abiertas cuestiones sobre la desigualdad, las estructuras productivas y las contradicciones del capitalismo.
Los autores distinguen entre instituciones inclusivas, que distribuyen oportunidades y limitan los privilegios, e instituciones extractivas, que concentran recursos y autoridad en grupos reducidos. Las primeras favorecerían la inversión y la innovación; las segundas permitirían que las élites se apropiaran de la riqueza colectiva. Esta interpretación cuestiona las explicaciones que atribuyen la pobreza a la geografía o a características culturales. El atraso no constituye un destino inevitable: las decisiones políticas tienen consecuencias.
El problema aparece cuando esa distinción pretende explicar fenómenos históricos cuya complejidad supera el ámbito institucional. Las instituciones no surgen espontáneamente. Son producto de conflictos sociales, intereses económicos y disputas por la propiedad. Comprender su funcionamiento exige identificar quién controla los recursos, qué sectores influyen sobre el Estado y cómo se reproducen determinadas relaciones de poder.
La historia colonial latinoamericana ilustra esta dificultad. La apropiación de tierras, el trabajo forzado y la explotación minera respondían a una organización económica diseñada para transferir riqueza hacia las metrópolis europeas. Las colonias no eran simplemente territorios con instituciones deficientes, sino componentes de un sistema internacional de acumulación. Acemoglu y Robinson reconocen ese legado, aunque privilegian sus consecuencias institucionales sobre las relaciones económicas que contribuyeron a producirlo.
Aquí resulta especialmente pertinente la tesis de Nancy Fraser en Capitalismo caníbal. La filósofa estadounidense propone entender el capitalismo no solamente como un sistema de producción e intercambio, sino como un orden social que depende de recursos y actividades que simultáneamente tiende a deteriorar. Su expansión descansa sobre la explotación laboral, la apropiación de recursos naturales, el trabajo de cuidados y las capacidades del poder público. Al subordinar estas condiciones a la acumulación, el sistema amenaza las bases que permiten su funcionamiento.
Fraser introduce una dimensión que complementa y cuestiona el enfoque institucional. Una economía puede contar con derechos de propiedad, mercados competitivos y mecanismos democráticos mientras agota sus recursos naturales, debilita los servicios públicos o traslada a las familias costos indispensables para sostener la actividad productiva. La rentabilidad privada puede aumentar mientras se deterioran condiciones fundamentales del bienestar colectivo.
El concepto de capitalismo caníbal permite comprender por qué crecimiento económico y desarrollo social no siempre coinciden. La producción puede expandirse sin mejorar proporcionalmente los salarios o las oportunidades. Incluso las democracias consolidadas enfrentan tensiones cuando la concentración de riqueza se traduce en influencia política. Para Fraser, estas contradicciones no representan simples fallas administrativas: forman parte de las tensiones estructurales de la acumulación capitalista.
Su planteamiento también ayuda a interpretar el deterioro ambiental. La extracción intensiva de recursos puede elevar las exportaciones y los ingresos fiscales durante años, pero generar costos ecológicos que no aparecen plenamente reflejados en las cuentas nacionales. Una institución puede facilitar inversiones y proteger contratos sin garantizar que sus beneficios compensen los daños sociales y ambientales.
Esto no significa que las instituciones carezcan de importancia. Precisamente porque el capitalismo depende de bienes públicos, recursos naturales y actividades sociales, necesita reglas capaces de protegerlos. La cuestión es si esas reglas pueden contrarrestar intereses económicos que frecuentemente obtienen beneficios de su debilitamiento.
La experiencia de Asia oriental añade otra perspectiva. Corea del Sur y Taiwán impulsaron su industrialización mediante políticas estatales, financiamiento dirigido y protección selectiva de sectores estratégicos. Parte de esa transformación ocurrió antes de su consolidación democrática. Estos casos no justifican el autoritarismo, pero muestran que la capacidad estatal y la estrategia productiva merecen un lugar central en cualquier explicación del desarrollo.
También existe un problema de causalidad. Las instituciones pueden favorecer el crecimiento, pero la industrialización transforma las relaciones sociales y modifica las instituciones. Como ha señalado Ha-Joon Chang, desarrollo económico y cambio institucional mantienen una relación recíproca, difícil de reducir a una secuencia universal.
Para América Latina, estas reflexiones tienen consecuencias concretas. Fortalecer la justicia, combatir la corrupción y mejorar la administración pública son tareas necesarias, pero insuficientes. La región también necesita diversificar su producción, incorporar tecnología y reducir desigualdades persistentes. Desde la perspectiva de Fraser, esa transformación debería considerar igualmente los costos ambientales, el trabajo de cuidados y la sostenibilidad de los servicios públicos.
La contribución de Acemoglu y Robinson consiste en demostrar que la distribución del poder condiciona la prosperidad. Fraser amplía la discusión al examinar las contradicciones del sistema económico dentro del cual funcionan esas instituciones. Ambas perspectivas permiten formular una pregunta más profunda: no solamente qué reglas favorecen el crecimiento, sino qué tipo de prosperidad producen, quién recibe sus beneficios y sobre quién recaen sus costos.
