Como hemos explicado, existe una confusión frecuente cuando se habla de derechos humanos. En muchas ocasiones, se identifican directamente con las organizaciones no gubernamentales (ONG), como si ambos conceptos fueran equivalentes. Sin embargo, se trata de realidades diferentes. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a toda persona por su sola condición humana. Su finalidad es garantizar la dignidad, la libertad, la igualdad y el desarrollo integral. Las ONG, por su parte, son entidades privadas creadas para impulsar causas relacionadas con sus agendas temáticas específicas.
Esta confusión ha provocado que, para muchas personas, hablar de derechos humanos sea sinónimo de denuncias, reclamaciones, conflictos o enfrentamientos con las autoridades. Sin embargo, esa percepción no refleja la verdadera dimensión de la defensa y promoción de los derechos humanos, cuyos propósitos no se limitan a señalar vulneraciones o exigir responsabilidades, sino que implican fomentar una convivencia basada en la tolerancia y la búsqueda de soluciones.
Es por esto que los organismos públicos dedicados a la protección y promoción de los derechos fundamentales están llamados a desempeñar un rol que va más allá de la simple vigilancia del cumplimiento de las normas, actuando como conciliadores entre la población y los tomadores de decisión, creando espacios donde las preocupaciones ciudadanas puedan ser escuchadas y atendidas oportunamente, disminuyendo las tensiones sociales. Por ejemplo, ante la convocatoria de una huelga, un paro de transporte, una protesta o cualquier otra expresión de inconformidad, deben desempeñar un rol de descongestionamiento de las estructuras estatales, facilitando las soluciones.
Por eso recuerdo como ahora que, durante el pasado proceso de evaluación para la escogencia del Defensor del Pueblo ante la Cámara de Diputados, sostuve que el Defensor del Pueblo debía ser, por naturaleza, el mediador social por excelencia. Esa convicción no ha cambiado y hoy la reafirmo, porque la figura del Defensor del Pueblo, como institución nacional de derechos humanos, puede constituirse en un espacio de acercamiento y entendimiento entre los distintos actores de la sociedad.
Mantengo la misma convicción y considero que ese órgano estatal puede intervenir, asumir compromisos y evitar una espiral de reclamos. Aunque la Constitución y la Ley núm. 19-01 establecen que la función principal del Defensor del Pueblo consiste en salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y supervisar la actuación de la administración pública y de las entidades privadas que prestan servicios de interés colectivo, considero que dichas atribuciones tienen un carácter enunciativo y no limitativo.
En consecuencia, si no existe una prohibición expresa que lo impida, el Defensor del Pueblo puede, apoyado en el principio de que lo que no está prohibido está permitido y en el principio de favorabilidad, promover iniciativas orientadas a fortalecer el diálogo social, disminuir tensiones y favorecer la construcción de consensos que eviten confrontaciones innecesarias.
Desde esa perspectiva, los órganos que conforman las garantías institucionales de derechos fundamentales alcanzan su mayor punto garantista cuando son el vaso comunicante entre las preocupaciones de la ciudadanía y las respuestas de las instituciones públicas. Reclamar cuando corresponde es parte de su misión, pero promover el diálogo y facilitar espacios de entendimiento también constituye una valiosa contribución a la estabilidad social.
En ocasiones, una comunidad que se siente escuchada puede posponer una protesta; un sector laboral que encuentra canales de comunicación puede replantear una huelga; y una diferencia que parecía destinada a la confrontación puede encontrar una salida mediante el entendimiento, logrando encauzarla por las vías institucionales antes de transformarse en conflictos de mayor dimensión, permitiendo pasar de la protesta a la propuesta y el diálogo.
Por eso sigo creyendo que la mediación social debe formar parte de la cultura de los derechos humanos. Porque escuchar, acercar posiciones, promover entendimientos y evitar la escalada de reclamos también es una forma de servir a la sociedad y tutelar derechos fundamentales, pues, como afirmaba don Mario Benedetti, siempre será más útil construir puentes que levantar muros.
