Bill Clinton reconoció demasiado tarde el costo de una política que impulsó en Haití. En marzo de 2010, ante el Senado estadounidense, admitió que favorecer la entrada de arroz de su país benefició a agricultores de Arkansas, pero contribuyó a debilitar la producción haitiana. Lo llamó un error. Por desgracia, el reconocimiento no devolvió las cosechas.
La idea era que los alimentos importados baratos facilitarían el paso hacia una economía industrial. Desplazar agricultores resultó más fácil que ofrecerles empleos productivos.
En 1995, Haití redujo su arancel al arroz a 3 %. Según el
Departamento de Agricultura estadounidense, las importaciones aumentaron inmediatamente en más de sesenta mil toneladas, mientras la producción local se estancaba. El sector enfrentaba problemas: escaso capital, semillas deficientes, canales deteriorados y poca mecanización. La apertura encontró una producción vulnerable.
Hay un detalle que nos concierne. Los haitianos preferían determinadas variedades locales, aunque costaban más. Esa preferencia no impidió que creciera la dependencia del arroz importado.
Tras derogar en septiembre el decreto que protegía el arroz nacional, el presidente Abinader destacó la preferencia de los consumidores por nuestro producto. La experiencia haitiana advierte que el gusto ayuda, pero no garantiza la supervivencia del productor cuando las condiciones de competencia son desiguales.
La brecha merece atención. En 2024, el rendimiento dominicano rondó las 5.3 toneladas por hectárea, frente a 9.4 en Estados Unidos. Esto no demuestra cuánto cuesta producir cada saco, pero obliga a examinar los costos, la tecnología y el apoyo que reciben los productores.
Tampoco somos Haití. Nuestra producción cubrió cerca del 96 % del consumo estimado en 2025. Tenemos una capacidad productiva que debemos preservar y mejorar.
Y tuvimos tiempo para prepararnos.
Entre la entrada en vigor del DR-CAFTA en 2007 y la eliminación arancelaria prevista para 2025 transcurrieron dieciocho años. El calendario era conocido. Corresponde pedir cuentas a quienes dejaron pasar ese tiempo sin preparar suficientemente al sector. Esa responsabilidad abarca a los gobiernos que administraron el período y también a quienes debían ejecutar las medidas acordadas.
El Gobierno debe mostrar cuánto se invirtió en riego, semillas, crédito y almacenamiento, qué resultados se obtuvieron y qué falta por resolver.
La respuesta no puede limitarse a confiar en la lealtad del comprador mientras los problemas del campo siguen esperando soluciones que debieron llegar mucho antes.
El consumidor tiene derecho a comprar más barato. Nadie debería exigirle que financie indefinidamente la ineficiencia. Tampoco corresponde reclamar protección sin compromisos verificables de productividad y transparencia.
El arroz puede entrar por un puerto en semanas. La capacidad de producirlo tarda años en construirse y puede perderse mucho más rápido.
Clinton admitió su error quince años después. Nosotros todavía podemos evitar que el tiempo perdido termine convertido en dependencia
