En los artículos anteriores he planteado algunas amenazas, contradicciones y paradojas que enfrentamos como país. Pero no basta con diagnosticar problemas. La pregunta es qué debemos hacer ahora para que la República Dominicana del 2050 sea una sociedad más próspera, con mayores oportunidades y bienestar para todos, capaz de desenvolverse en un mundo que cambia vertiginosamente.
No propongo soluciones mágicas. Estoy hablando de decisiones que están a nuestro alcance y que hemos postergado durante mucho tiempo sin atrevernos a tomarlas. Algunas requieren recursos, otras reformas institucionales y muchas exigen enfrentar los intereses de pequeñas, pero poderosas élites que se benefician de que las cosas continúen como están.
Lo primero es transformar la educación. No basta con más recursos, escuelas o equipos. Tenemos que cambiar lo que enseñamos, cómo enseñamos y para qué enseñamos.
Debemos mejorar la formación de los maestros y los métodos de enseñanza para que nuestros niños aprendan a leer, comprender, razonar, investigar y resolver problemas, incorporando la ciencia y las nuevas tecnologías.
Pero educar no puede limitarse a preparar personas para el trabajo. Viviremos en un mundo más diverso, con una nueva economía, nuevas instituciones y nuevas formas de relaciones sociales y culturales. Tendremos que aprender a convivir, respetar y conciliar nuestras diferencias, relacionarnos con mayor responsabilidad con el medioambiente y administrar mejor nuestro tiempo en una sociedad donde viviremos más años.
La formación técnica y universitaria debe vincularse con las necesidades productivas. El Estado, las universidades, los centros técnicos y las empresas deben coordinar programas, establecer metas y evaluar resultados. La educación, la ciencia y la innovación tienen que ser políticas sostenidas, no consignas de campaña.
En segundo lugar, tenemos que transformar nuestro modelo de desarrollo productivo.
No podemos continuar con un modelo que muestra signos de agotamiento, con escaso valor agregado, limitada innovación tecnológica y poca capacidad para generar empleos de calidad. La dependencia de las remesas, que sostienen la economía cotidiana de miles de familias dominicanas, es también una expresión de sus debilidades estructurales.
Debemos diversificar el turismo y vincularlo con la producción nacional y las economías locales; desarrollar una industria más competitiva, con tecnología e innovación, en nichos donde tengamos ventajas reales.
También debemos tecnificar la agricultura e impulsar la agroindustria para aumentar la productividad y el valor de lo que producimos.
He planteado la necesidad de desarrollar ciudades agrícolas. No se trata necesariamente de construir nuevas ciudades, sino de organizar polos agroindustriales y comunidades rurales donde la producción esté vinculada a servicios de salud, educación, vivienda, conectividad e infraestructura. Que vivir en el campo no signifique renunciar a las oportunidades y comodidades de los centros urbanos.
No podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Hay que identificar sectores estratégicos y concentrar esfuerzos y recursos. No se trata solamente de producir más: una mayor productividad debe traducirse en mejores salarios y una distribución más justa de los beneficios del crecimiento.
El mundo no va a esperar mientras discutimos nuestros chismes políticos y buena parte del debate público se reduce a candidatos compitiendo por más likes en las redes sociales. La política no puede seguir atrapada en las próximas elecciones mientras se decide el futuro de varias generaciones.
Una transformación productiva necesita financiamiento.
Necesitamos financiamiento de largo plazo para invertir e innovar, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, junto con infraestructura, energía confiable y reglas claras.
Debemos estudiar instrumentos que canalicen recursos hacia inversiones productivas, bajo criterios de rentabilidad, transparencia y protección de los ahorros de los trabajadores.
El Estado debe promover la competencia, impedir privilegios y acompañar la innovación, sin sustituir la iniciativa privada.
También necesitamos una reforma fiscal justa, que no castigue a los más rezagados ni preserve privilegios para los más ricos; que convierta los impuestos en servicios públicos de calidad y combata los ecosistemas de corrupción e impunidad.
El desarrollo también tiene que llegar a los territorios.
No podemos concentrar inversiones, empleos y servicios en unos pocos espacios mientras comunidades enteras permanecen al margen de las oportunidades.
Con esa visión concebimos Santo Domingo 2050: no solo como ordenamiento territorial, sino como un modelo de gestión del territorio vinculado a un nuevo modelo de desarrollo productivo.
Buscaba organizar el crecimiento urbano, aprovechar las capacidades económicas de cada zona y articular vivienda, movilidad, industria, logística, protección ambiental y empleos. Su ejecución exige coordinación entre el Gobierno central, los ayuntamientos y los sectores productivos.
Necesitamos planes territoriales vinculados a inversiones públicas y privadas, con prioridades y continuidad, en lugar de crecer únicamente por las presiones del mercado o decisiones aisladas.
Esa planificación debe proteger las fuentes de agua, los bosques y los suelos productivos, y preparar nuestras ciudades frente a los fenómenos climáticos.
También tenemos que prepararnos para los cambios demográficos.
El envejecimiento de la población exige preparar desde ahora los sistemas de salud, pensiones y cuidados.
Hace años presentamos una propuesta legislativa sobre cuidados. Debemos desarrollar progresivamente esos servicios y fortalecer la atención primaria de salud para una sociedad que vivirá más años.
La prosperidad debe expresarse en salarios dignos, salud, educación, agua, vivienda, transporte y seguridad. En que una mujer no encuentre menos oportunidades por ser mujer. En que el lugar donde nace un niño no determine de antemano hasta dónde puede llegar.
Ninguna de estas transformaciones será posible sin instituciones capaces de llevarlas a cabo.
Necesitamos un Estado que planifique, ejecute, evalúe y rinda cuentas; una administración profesional, transparencia y presupuestos vinculados a resultados. Un Estado donde los derechos no dependan de conocer a alguien.
Tenemos que pasar de un Estado que administra necesidades a uno que construya capacidades. De un Estado que reparte a un Estado que transforma.
Para avanzar necesitamos una gran concertación nacional que establezca prioridades, responsables, recursos y metas verificables, con seguimiento público y continuidad más allá de los gobiernos. No necesitamos acuerdos para archivarlos, sino compromisos que se cumplan.
El 2050 puede parecer lejano, pero los niños que hoy entran a la escuela tendrán entonces 25 o 27 años. Estarán trabajando, formando familias y construyendo sus proyectos de vida en un mundo muy distinto al nuestro.
Vivirán con las consecuencias de nuestras decisiones: la preparación que les ofrezcamos, las instituciones que dejemos y las oportunidades que seamos capaces de crear.
La República Dominicana tiene recursos, talento y capacidad. Necesitamos decidir qué transformar primero, con qué instrumentos, quiénes asumirán las responsabilidades y cómo sostener esas decisiones más allá de los cambios de gobierno.
No nos faltan diagnósticos. Lo que nos falta es la decisión política de emprender las transformaciones, asumir sus costos y sostenerlas en el tiempo.
El mundo no nos va a esperar. Y las generaciones que vienen detrás de nosotros tendrán todo el derecho de preguntarnos qué hicimos cuando todavía estábamos a tiempo.
