El confuso incidente que protagonizó este domingo la diputada Millys Martínez en su comunidad natal, Elías Piña, con agentes de la Policía Nacional, quienes, según muestran videos, la esposaron e intentaron arrestarla, ha generado condenas de diversas personalidades y puesto sobre la mesa una interrogante: ¿puede un legislador ser arrestado sin autorización de la cámara a la que pertenece?
Ante esta situación, el periódico Hoy te explica qué establece la Constitución de la República Dominicana sobre la inmunidad parlamentaria y cuáles son sus alcances.
Inmunidad parlamentaria
El artículo 86 de la Constitución dominicana, titulado Protección de la función legislativa, establece que ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura sin la autorización de la cámara a la que pertenezca, salvo que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen.
“Si un legislador o legisladora hubiere sido arrestado, detenido o privado en cualquier otra forma de su libertad, la cámara a que pertenece, esté en sesión o no, e incluso uno de sus integrantes, podrá exigir su puesta en libertad por el tiempo que dure la legislatura”, establece el texto constitucional.
Agrega que, para ello, el presidente del Senado o de la Cámara de Diputados, o un senador o diputado, según corresponda, podrá requerir la intervención del procurador general de la República. Si fuese necesario, también podrá ordenar directamente la libertad del legislador, con el apoyo de la fuerza pública.
Alcance y límites de la inmunidad
Por su parte, el artículo 87 de la Carta Magna aclara que la inmunidad parlamentaria no constituye un privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la cámara a la que pertenece y no impide que al cesar el mandato congresual puedan impulsarse las acciones que procedan en derecho.
“Cuando la cámara recibiere una solicitud de autoridad judicial competente, con el fin de que le fuere retirada la protección a uno de sus miembros, procederá de conformidad con lo establecido en su reglamento interno y decidirá al efecto en un plazo máximo de dos meses desde la remisión del requerimiento”, se explica.
Diputados salen en defensa de Millys Martínez
Entre las voces que se han pronunciado figura el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien recordó que la Constitución de la República Dominicana establece garantías especiales para proteger el ejercicio de la función legislativa, las cuales deben ser respetadas por todas las autoridades, incluidos los miembros de los organismos de seguridad del Estado.
“Condenamos la agresión que sufrió la diputada Millys Martínez, representante de la provincia Elías Piña, quien fue esposada durante un intento de arresto por parte del coronel De León, de la Policía. Recordamos que el artículo 86 de la Constitución de la República protege la función legislativa y establece que ningún legislador puede ser privado de su libertad sin la autorización de la cámara a la que pertenece, salvo en caso de flagrante delito”, manifestó Pacheco a través de una publicación en su cuenta de X.
Asimismo, sostuvo que el respeto a estas disposiciones constitucionales es fundamental para garantizar el ejercicio independiente de las funciones de representación, fiscalización y legislación que corresponden a los miembros del Congreso Nacional.
“El respeto a la Constitución y a las garantías que protegen el ejercicio de la función legislativa debe prevalecer en toda actuación de las autoridades”, subrayó el servidor público.
Por su parte, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, exigió a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, esclarecer de inmediato lo sucedido con su compañera de labores.
Del mismo modo, expresó sus “más profunda indignación ante las imágenes que muestran a la diputada siendo maltratada y esposada sin la menor muestra de comisión de ningún crimen”.
“Como legislador de la República, no puedo permanecer indiferente ante una actuación que plantea serios cuestionamientos sobre el respeto a las prerrogativas constitucionales del Congreso Nacional… ¡La autoridad policial está para hacer cumplir la ley, no para situarse por encima de ella!”, añadió el dirigente opositor.
En tanto que el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por La Romana, Eugenio Cedeño Areche, calificó el hecho en el que estuvo involucrada Martínez como un atropello inaceptable y emplazó a que sea investigado.
“Lamento el incidente en el que fue objeto de vejaciones y atropello la diputada por Elías Piña, MILLY MARTÍNEZ. Es inaceptable que un alto oficial se atreviera a esposar y detener a un representante congresual, en ausencia de un crimen flagrante. Espero una investigación de este hecho y las correspondientes sanciones a los oficiales y subalternos envueltos en este bochornoso acto. He sido diputado en 5 períodos y nunca había visto actos de esta naturaleza”, pronunció Cedeño Areche.
Continuó: “La Cámara de Diputados no puede delegar en la Policía Nacional la investigación de los hechos en los que fue apresada y esposada una diputada. Sugiero al presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, la conformación de una comisión bicameral para investigar estos hechos, establecer responsabilidades y buscar sanciones. EL GOLPE NO ES A UN DIPUTADO. Es al Congreso Nacional y a la institucionalidad democrática”.
Director general de la Policía instruye a Inspector de la institución a investigar incidente
El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, instruyó al inspector general de la institución, general Martín Tapia Sánchez, trasladarse a Elías Piña para encabezar las investigaciones sobre el incidente ocurrido entre agentes policiales, la diputada Millys Johanna Martínez Morillo y otros ciudadanos.
Según una nota de prensa, el hecho se produjo durante una intervención en una estación de expendio de combustibles, donde se celebraba una fiesta con música y venta de bebidas alcohólicas, sin los permisos correspondientes.
La uniformada también desmintió que la legisladora haya sido apresada e informó que las pesquisas permitirán esclarecer las circunstancias del incidente y establecer las responsabilidades que correspondan.
