El presidente Luis Abinader ha endurecido su discurso frente a la delincuencia, en un contexto marcado por un incremento de las acciones policiales contra personas señaladas como vinculadas a hechos delictivos y por el reporte de más de 40 muertes en presuntos intercambios de disparos en el mes en curso.
El pasado lunes, durante su participación en La Agenda Semanal, el mandatario afirmó que las autoridades saldrán a buscar a las personas que tienen órdenes de arresto y exhortó a quienes se encuentran en esa condición a entregarse voluntariamente.
El pronunciamiento se produce mientras distintos sectores han cuestionado algunos de los mensajes emitidos por el jefe de Estado sobre la persecución de los llamados antisociales.
El abogado penalista Wagner Rodríguez, consultado por el periódico Hoy, consideró que la respuesta de Abinader refleja una política de firmeza orientada a fortalecer la seguridad ciudadana y la autoridad del Estado, aunque subrayó que las actuaciones de las autoridades deben mantenerse dentro del marco constitucional.
“Considero que la respuesta del presidente Luis Abinader frente a la delincuencia refleja una política de firmeza orientada a fortalecer la seguridad ciudadana y la autoridad del Estado”, expresó Rodríguez.
El togado sostuvo que combatir la criminalidad constituye una responsabilidad esencial de las instituciones públicas, pero advirtió que cualquier actuación debe desarrollarse respetando la Constitución, las leyes, el debido proceso y los derechos fundamentales.
“Una política efectiva contra la delincuencia debe procurar proteger a la ciudadanía, fortalecer las instituciones y garantizar que quienes infrinjan la ley sean sometidos a la justicia conforme a las garantías establecidas por nuestro ordenamiento jurídico”, señaló.
Por su parte, el politólogo Belarminio Ramírez situó la postura del mandatario en un escenario regional caracterizado, a su juicio, por el avance de la delincuencia en distintos países latinoamericanos.
Ramírez afirmó que las democracias con economías menos desarrolladas están siendo “sacudidas por una fuerte ola de delincuencia” y consideró que el problema no responde únicamente a la falta de normas o de educación preventiva, sino también a la capacidad de las fuerzas del orden para enfrentar el fenómeno criminal.
“El Estado democrático está a prueba por la inseguridad, está siendo desafiado por actores del crimen que en las mayorías de los casos se conectan con el narcotráfico”, sostuvo.
El politólogo planteó además que varios gobiernos de la región han optado por endurecer sus estrategias de seguridad ante el crecimiento de la criminalidad y afirmó que la posición asumida por Abinader forma parte de esa tendencia.
“La postura del presidente Luis Abinader de endurecer el combate a la delincuencia se enmarca en una corriente de pensamiento que ponen en práctica en varios países de la Región y está dando buenos resultados”, manifestó Ramírez.
En sus declaraciones, el politólogo también sostuvo que los gobiernos enfrentan el desafío de reducir los niveles de inseguridad aun cuando ello implique, según su planteamiento, tensiones con determinadas normas.
“Endurecer la acción para reducir la delincuencia es lo correcto y necesario. El Estado bajo ninguna circunstancia debe permitir que la población se sumerja en el miedo por inseguridad”, afirmó.
En tanto, el psicólogo Noel de la Rosa consideró correcta la medida anunciada por el presidente de la República para endurecer las acciones contra la delincuencia, al señalar que la seguridad constituye uno de los elementos fundamentales para las personas y que estas deben tener la sensación de que sus vidas no están en peligro.
De la Rosa explicó que el Estado tiene el monopolio de la fuerza y que corresponde al Gobierno utilizarla cuando sea necesario y con la intensidad requerida para responder a situaciones que amenacen la seguridad ciudadana. A su juicio, el fenómeno psicosocial que atraviesa el país requiere una respuesta tanto correctiva como proactiva.
Sostuvo que la respuesta correctiva debe ser inmediata, debido a que, según afirmó, el sistema de justicia ha demostrado dificultades para ofrecer la respuesta procesal que demanda la situación. En ese sentido, indicó que el procedimiento debe contemplar el apresamiento de quienes delinquen, su puesta a disposición de la justicia y la posterior aplicación de las medidas jurídicas correspondientes.
El psicólogo también señaló que algunas personas víctimas de agresiones o amenazas optan por no presentar querellas por temor a represalias de los presuntos delincuentes, situación que, a su entender, contribuye a que la población demande una reacción inmediata de las autoridades.
De la Rosa consideró que las acciones anunciadas por el Gobierno buscan enviar una señal de que el control de la seguridad y el poder coercitivo corresponden al Estado y no a quienes actúan al margen de la ley.
No obstante, advirtió que debe garantizarse que estas medidas no deriven en abusos ni en la aplicación de métodos violentos contra personas que no los merezcan, al considerar que ese podría ser uno de sus efectos secundarios.
El endurecimiento del discurso presidencial coincide con un mes en el que la Policía Nacional ha informado sobre más de 40 personas fallecidas en presuntos intercambios de disparos con agentes policiales.
