La crisis desatada dentro del poder judicial debido a la renuencia de cuatro magistrados de la Suprema Corte de Justicia a someterse a las evaluaciones legales del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de este año, sitúa al órgano constitucional elector de las altas cortes en un momento crucial, sin precedentes desde que fue creado mediante la reforma de 1994, aquella que zanjó las consecuencias políticas graves del fraude electoral cometido por Balaguer contra Peña Gómez.
El motivo histórico para la creación del CNM, formalizada junto a otras decisiones en el Pacto por la Democracia rubricado entre el caudillo reformista y el líder demócrata, consistía en quitarle al Senado la facultad exclusiva de elegir a los jueces con el fin de despolitizar y dar mayor independencia al Poder Judicial.
Sin embargo, al margen de los resultados positivos alcanzados por el CNM a partir de su lanzamiento en 1997, la antigua misión electiva de jueces a cargo de 30 o más senadores, quedó sometida al consenso de ocho personas, cinco de los cuales son políticos junto a tres magistrados, quienes escogerán ahora al futuro presidente de la SCJ en reemplazo del renunciante Luis Henry Molina; a la primera sustitución de la presidencia y juez de la Tercera Sala que ocupaba Herrera Carbuccia; también a la segunda sustitución del presidente que desempeñaba Nancy Salcedo y un asiento clave, que ocupaba la renunciante María Garabito en la Segunda Sala Penal.
Y aunque constitucionalmente la clase política no dirige al Poder Judicial en nuestro país, en virtud de que la Ley Fundamental establece la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria de la Justicia, la selección de los nuevos jueces es responsabilidad del Partido Revolucionario Moderno (PRM), representados por el presidente Luis Abinader y los presidentes de las cámaras del Senado y de Diputados y de la Fuerza del Pueblo, representada en dos legisladores, junto a tres magistrados (dos de la SCJ y el presidente del Tribunal Constitucional). Hay cuatro vacantes inmediatas en la máxima estructura del Poder Judicial que deben ser llenadas.
Esta será la elección más difícil del CNM y particularmente para el presidente Abinader, quien culminará su mandato en el 2028. Los seleccionados permanecerán en sus cargos hasta el año 2033, lo que significa que agotarán dos años del actual periodo, cuatro años del mandatario electo en el 2028 y el primer año del gobernante elegido en el 2032. Se trata de una elección profunda, cuya escogencia determinará el futuro de la justicia dominicana a largo plazo.
Aquí lo importante consiste en cómo conciliar los intereses políticos del oficialismo, la oposición y de los tres miembros de la justicia, dos de los cuales declinaron las evaluaciones, pues las elecciones de los jueces de las altas cortes se aprueban con el voto favorable de, al menos, cinco de los miembros presentes, que pueden ser únicamente de los cinco políticos, con el resultado de una combinación de los tres del PRM y un par de magistrados, por un lado, o los dos del FP apoyado por los tres magistrados.
Esto último significa que los representantes de Leonel Fernández pueden lograr el apoyo de dos o los tres juristas del Consejo y están en capacidad de imponerle a Abinader y al PRM algunos jueces, incluyendo al titular. Hay que ver hacia qué lado se inclinarían los magistrados renunciantes que pudieran favorecer a antiguos colegas o subalternos.
Opino, finalmente, que Abinader prefiere dejar en la SCJ unos cuantos magistrados que pudieran defender su caudal histórico.
