Las celebraciones por los éxitos alcanzados por nuestros deportistas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe tienen sobradas razones. En 150 ocasiones, atletas dominicanos subieron al podio exhibiendo con orgullo los colores patrios, colocando a la República Dominicana en el quinto lugar del medallero entre los 37 países participantes, en una verdadera fiesta de hermandad caribeña.
Valió la pena el esfuerzo realizado por el país, con el presidente de la república y el comité organizador a la cabeza, pese al elevado costo y al sacrificio económico que representó para la nación. El país brilló como sede de estos importantes juegos regionales, celebrados además en el marco del centenario de su primera edición en 1926.
José P. Monegro, la alcaldesa Carolina Mejía, Luisín Mejía, Kelvin Cruz, José Manuel Ramos, Mercedes Canalda y los demás integrantes del comité organizador, junto a federados, técnicos y deportistas, tienen motivos para sentirse satisfechos por la labor realizada.
Corresponderá a la presente gestión de gobierno de Luis Abinader entregar la bandera a las delegaciones que representarán al país en los XX Juegos Panamericanos de Lima 2027 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con los que culminará el presente ciclo olímpico.
Para llegar bien preparados a esas dos grandes citas deportivas es indispensable superar la crisis y las debilidades que minan las bases del deporte de alto rendimiento.
El anterior ministro de Deportes, Francisco Camacho, junto a dirigentes conflictivos como Luis Chanlatte, acorralaron la gestión de Antonio Acosta (Colin) al frente del COD. El proceso de modificación estatutaria fue obstaculizado, tomaron el control del comité ejecutivo y del albergue.
Anularon de un plumazo a cinco federaciones que no les eran afines mediante el irregular mecanismo de la suspensión y luego la exclusión de cinco dirigentes del CE que fueron sustituidos con otros de su entorno. Estos acontecimientos, sumados a la cancelación de empleados y técnicos cualificados, contribuyeron a profundizar la crisis institucional del movimiento olímpico, repercutiendo negativamente en el desempeño de las federaciones y en la preparación física y emocional de nuestros atletas.
Se impone, por tanto, enderezar todos estos entuertos, recomponer el CO y sus federaciones, y relanzar la reforma estatutaria e institucional conforme a la Carta Olímpica, la Ley General de Deportes y la Ley 122-05 sobre Asociaciones Sin Fines de Lucro, que son las normativas que rigen y regulan a las organizaciones deportivas dominicanas, en el marco del olimpismo.
Solo así podremos llegar confiados a Lima 2027 y Los Ángeles 2028, con más capacidad competitiva para alcanzar mejores posiciones en el medallero.
Luis Felipe Rosa Hernández
