Contrario a lo que el título podría sugerir en el imaginario de este sobrepolitizado país, no me refiero sólo a lo que resta de la presente administración de la cosa pública.. Esencialmente, el título quiere llamar la atención a lo que falta para las próximas elecciones municipales, congresuales y presidenciales y también interpela a la oposición, a un sistema de partidos que ha sido el principal factor que determina y acentúa las sostenidas deficiencias que tienen el poder local como el poder legislativo dominicanos. Esas deficiencias restan eficiencia y eficacia al Estado.
Por ejemplo, el destacado demógrafo/estadístico Julio César Mejía publica el dato, según una institución de la ONU, que sitúa la mortalidad neonatal dominicana en “21.2 muertes por cada mil nacidos vivos en 2024. En ese mismo año, la estimación fue de 7.3 por mil en Costa Rica, 7.0 en Ecuador, 6.3 en Colombia, 4.7 en Chile y 4.3 en El Salvador».
Mi hipótesis es que esa y otras aparentes y/o reales incongruencias registradas en investigaciones y encuestas, se debería a la capacidad que tienen los entes locales de esos países, algunos con una economía menor que la nuestra, de ejecutar políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la población.
Hay demasiadas inconsistencias políticas, institucionales y económicas que lastran el país. Por ejemplo, cómo entender que tengamos una Ley de Ordenamiento Territorial para hacer más eficiente el Estado y al mismo tiempo en el Congreso se esté debatiendo la aprobación de un proyecto de creación de dos nuevas provincias que fragmentaría aún más el territorio, encarecería más la política, sin que con ello se aporte el más mínimo nivel de eficiencia al Estado. La propuesta la hacen dos congresistas, el uno del mayor partido de oposición y la otra del partido de gobierno, sin que ninguno de esos partidos se haya pronunciado oficialmente sobre tal despropósito. Tampoco lo ha hecho el tercero más grande.
Eso expresa los bajos niveles de institucionalidad de los partidos en el discurrir de las cuestiones claves del Estado. Esa realidad limita significativamente la eficacia de las reformas políticas que en varias vertientes se han diseñado o querido hacer avanzar e impide que se aprueben numerosos proyectos de ley que yacen en las gavetas del Congreso. Esas taras constituyen el caldo de cultivo que alimenta figuras y grupúsculos disolutos, cuya forma y contenido de manifestar sus pretensiones políticas constituyen una ofensa al decoro, a la conciencia nacional.
Al gobierno y al calendario electoral le restan dos años para elegir no sólo del presidente de la república, sino a las autoridades locales y del Congreso. Esta última institución inspira muy poca confianza en la población, la municipal tiene una imagen no tan mala como la otra, pero no la deseable. En ambas instituciones la gobernanza es el cuerpo ausente; de ahí los grandes límites de la “eficacia, calidad y buena orientación en la intervención del Estado”. Así, difícilmente dejaremos de ocupar los afrentosos últimos lugares que en temas claves de construcción de ciudadanía tenemos. Con esa conciencia es que el gobierno, su partido y los otros partidos deben pensar los dos años que restan.
