No es frecuente que el gobierno dominicano expulse a diplomáticos extranjeros del territorio nacional, pero la reciente salida ordenada de nueve funcionarios de la embajada de Cuba en Santo Domingo, junto a sus familias, abre el camino hacia una crisis bilateral entre la administración democrática del presidente Luis Abinader y el tambaleante régimen comunista cubano.
Históricamente, la política exterior de la República Dominicana se caracteriza por la moderación, el diálogo y el respeto a las ideologías y los lazos bilaterales, evitando en consecuencia, la adopción de medidas drásticas, como la declaración de persona non grata o el retiro forzoso de delegaciones extranjeras.
Sin embargo, las tensiones geopolíticas que en la región impulsa desde Washington el presidente Donald Trump luego de asumir su segundo mandato, al parecer están detrás de la excepcional decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), a cargo del experimentado Canciller Roberto Álvarez, quien tomó la inusual medida de expulsar a los diplomáticos cubanos.
Según el anuncio oficial, el gobierno dominicano se apoya en el artículo 9 de la Convención de Viena para manejar el asunto discretamente, absteniéndose de suministrar detalles específicos, tales como nombres, cargos y las supuestas violaciones al deber diplomático en que pudieron incurrir los expulsados.
Al respecto, el artículo noveno de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, vigente desde 1964, dispone que el “Estado receptor (República Dominicana) podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante (Cuba) que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable”.
El texto legal, vinculante para ambos países, establece que el Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión, según proceda, debido a lo cual los cubanos abandonaron la capital dominicana el pasado domingo, cumpliendo el plazo de siete días dado por el Mirex. “Toda persona podrá ser declarada non grata o no aceptable antes de su llegada al territorio del Estado receptor”, ordena además la legislación internacional.
Fuentes diplomáticas vinculan el retiro de estos funcionarios con presuntas operaciones de inteligencia y seguridad terrestre en territorio dominicano, no con ataques cibernéticos a infraestructuras estatales. Más aún: no existen reportes ni registros oficiales confirmando que agentes cubanos hayan intentado vulnerar la ciberseguridad del Estado dominicano..
En respuesta, la Cancillería de Cuba negó categóricamente en una declaración pública, que su personal realizara tareas ilícitas y atribuyó la medida de responder a presiones externas sobre el gobierno de Abinader provenientes de EE. UU.
El Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS), ente que actúa bajo la coordinación y dirección del DNI), reporta anualmente un alto volumen de incidentes informáticos. En lo que va del 2026 se han frenado exitosamente al menos 32 cibertaques directos a entidades públicas, especialmente dirigidos al sector salud. El año pasado, el país registró más de 481 millones de intentos de vulneración digital. Los datos revelan que estos ataques provienen de redes organizadas de cibercrimen global, que buscan el secuestro de datos con fines económicos (Ransonware), sin que existan pruebas de patrocinio por parte del gobierno cubano.
Los recientes conflictos de seguridad con agentes de la poderosa inteligencia cubana se limitan al ámbito del espionaje e influencias tradicionales de campo, manteniéndose los sistemas de ciberdefensa del país libres de incidentes atribuidos a ese origen.
