La convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar a varios jueces de la Suprema Corte de Justicia marca el inicio de uno de los procesos institucionales más relevantes del país. Es natural que la atención pública se concentre en quiénes serán ratificados, quiénes serán sustituidos y quiénes ocuparán las vacantes que se produzcan. Sin embargo, mientras el Consejo evalúa a los jueces, la sociedad debería aprovechar la coyuntura para evaluar el sistema de justicia del que forman parte.
Durante los últimos años se han registrado avances muy importantes, especialmente en materia de modernización tecnológica. Al mismo tiempo, la duración de los procesos, el acceso efectivo a la justicia y la confianza ciudadana continúan planteando desafíos significativos. Las entrevistas públicas ofrecen una oportunidad poco frecuente para conocer cómo los propios jueces valoran los avances, las limitaciones y los retos de la justicia dominicana. Sus intervenciones deberían servir para abrir una discusión en torno a algunas preguntas de fondo: ¿Qué transformaciones deberían preservarse independientemente de quiénes integren la Suprema Corte? ¿Qué reformas han demostrado ser efectivas? ¿Qué obstáculos siguen impidiendo una justicia más oportuna?
Responder esas preguntas exige una reflexión sustentada en evidencias, en la que la academia, los gremios jurídicos, los medios de comunicación y la sociedad civil tienen mucho que aportar. Si el proceso concluye únicamente con una nueva integración de la Suprema Corte, el Consejo Nacional de la Magistratura habrá cumplido el mandato constitucional. Si, además, contribuye a construir un diagnóstico objetivo del estado de la justicia dominicana y una agenda compartida para fortalecerla, trascenderá el propósito inmediato de designar jueces. La evaluación de los magistrados será entonces una buena manera de acercarnos al sistema de justicia que el país necesita.
