La poligamia es una de las formas de matrimonio existente en distintas sociedades. Consiste en la unión matrimonial de una persona con varias parejas, ya sea en forma de poliginia —un hombre con dos o más mujeres— o de poliandria, cuando una mujer tiene varios esposos. Esta clasificación proviene de los estudios de parentesco, en la República Dominicana la poligamia está legalmente prohibida y se asume que “no debe existir”. Esta prohibición convive con una práctica social histórica y persistente que atraviesa zonas urbanas y rurales y distintos estratos sociales.
La poliginia, predominante en nuestro contexto, se manifiesta en relaciones paralelas donde un hombre sostiene vínculos afectivos y sexuales con varias mujeres. Estas estructuras familiares, mantienen en un espacio ambiguo: no son reconocidas legalmente, pero tampoco denunciadas como irregularidades. Esta contradicción revela una tensión profunda entre norma jurídica y cultura social, que tolera y normaliza prácticas que oficialmente condena.
Las familias formadas en relaciones polígamas no declaradas enfrentan desigualdades significativas. La mujer que no posee el estatus legal de esposa es etiquetada como “amante”, un rol social rechazado que la obliga a permanecer oculta y la convierte en blanco de chismes y sanciones dentro del sistema de control social. Mientras tanto, el hombre polígamo suele ser exaltado como “macho”, reforzando patrones culturales que legitiman su conducta y castigan a las mujeres.
Los hijos e hijas de estas uniones paralelas también sufren estigmas. Son llamados “hijos de la calle”, pese a que la legislación ya no distingue entre hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio. Esta igualdad jurídica no se traduce en igualdad social. En centros educativos, comunidades y espacios de interacción cotidiana, niños, niñas y adolescentes son juzgados por “no tener familia” según los criterios tradicionales, lo que afecta su autoestima, integración social y sentido de pertenencia.
La Constitución, al reducir la categoría de “familia” a la familia nuclear, profundiza estas tensiones. Muchos niños y niñas que no conviven con ambos padres se consideran “anormales” o parte de una familia “disfuncional”, aunque formen parte de familias monoparentales, extensas o con padre compartido. Esta visión limitada invisibiliza las múltiples formas de organización afectiva que existen en el país y refuerza la discriminación hacia quienes viven en modelos familiares distintos al ideal normativo.
Nuestra sociedad reproduce patrones conyugales que legalmente condena, pero que culturalmente tolera. Esta ambigüedad genera exclusión para mujeres, niños y niñas que viven dentro de estructuras polígamas. Surge entonces una pregunta necesaria: ¿No sería más justo reconocer la poligamia como una de nuestras formas de matrimonio? Su integración podría reducir la discriminación y permitir que estas familias existan sin ocultamiento ni estigma.
