Al parecer, Rafael Santos Badía sí dio la talla. Al menos eso sugieren los hechos. Porque en los pasillos del palacio se repetía una versión que nunca fue oficialmente confirmada, pero que sonaba con insistencia: el anterior ministro dizque habría perdido la confianza del Gobierno por frenar (o al menos no empujar con suficiente convicción) la reforma educativa que el presidente Luis Abinader quería convertir en uno de los grandes legados de su gestión.
Si esa versión era cierta, entonces el nuevo ministro tenía una misión casi imposible: en 6 meses debía escuchar al país, construir consensos y entregar las bases de la transformación educativa más ambiciosa de las últimas décadas. Viendo lo ocurrido esta semana, parece que el plazo no fue desperdiciado.
Lo presentado el pasado miércoles más que una consulta ciudadana, fue un ejercicio político de construcción de legitimidad. Más de 8,000 personas (mayoría mujeres) participaron en foros territoriales, institucionales y sectoriales en las 31 provincias, el Distrito Nacional e incluso entre la diáspora. No se preguntó únicamente qué falta en las escuelas; se preguntó qué tipo de país queremos construir desde las aulas. Y esa diferencia cambió completamente la conversación.
La gente no pidió más escuelas; ¡pidió mejor educación!
Resulta revelador que la ciudadanía no colocara el cemento como principal prioridad. Después de años inaugurando escuelas, la discusión finalmente se movió hacia lo verdaderamente importante: qué aprenden nuestros hijos, quién les enseña y si lo que estudian tendrá algún valor cuando salgan al mundo laboral. ¡Letal!
Los participantes identificaron cuatro problemas que resumen la crisis educativa: bajos niveles de aprendizaje, una disciplina escolar deteriorada por la violencia, un currículo desconectado de las exigencias del mundo actual y la necesidad de fortalecer la calidad de la docencia.
Quizás la propuesta más disruptiva no sea una nueva ley, sino la idea de que el sistema educativo deje de comportarse como cuatro instituciones aisladas. La apuesta es construir una sola ruta educativa donde un estudiante pueda transitar desde la educación técnica hasta un doctorado sin empezar de cero cada vez que cambia de institución. Parece sentido común. Pero en República Dominicana eso sería casi una revolución administrativa.
No es casual, que Santos Badía dedicara parte de su discurso a aclarar “que la autonomía de la UASD no será tocada y que INFOTEP conservará su modelo de gobernanza”. Antes de presentar una reforma de semejante magnitud había que desactivar los principales focos de resistencia.
Esa precisión demuestra que detrás del proyecto no solo hay una visión educativa; también hay una estrategia política para construir consensos antes de enviar una nueva ley al Congreso.
Ahora viene la parte difícil… Escuchar siempre genera aplausos. Gobernar con lo escuchado genera enemigos. Porque una verdadera reforma educativa obligará a revisar intereses, privilegios, estructuras у hasta viejos discursos que durante años han sobrevivido sin producir mejores resultados.
Si el gobierno realmente está dispuesto a dar ese paso, no estaremos frente a otra reforma administrativa. Estaremos frente a la decisión de cambiar el país desde el único lugar donde todavía es posible hacerlo sin violencia: las aulas.
Y si esa era la misión que Rafael Santos
Badía recibió hace seis meses, entonces, al menos por ahora, parece que sí entregó la tarea.
