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    Conflicto con clínicas afectaría a pacientes


    Así de sencillo: muchas puertas de establecimientos asistenciales privados quedarían, a corto plazo y hasta nuevo aviso, cerrados para el internamiento a más de un millón de afiliados si dos importantes Administradoras de Riesgos de Salud, ARS, siguen firmes en sus negativas a cubrir en mayor medida los gastos en que incurren para dar servicios y por los que reciben casi el mismo pago de los comienzos de la Seguridad Social hace dos decenios.

    Se trataría de una demanda atendible si, en efecto, tan congeladas han estado las retribuciones a gran número de clínicas comprometidas a acoger pacientes en atención a derechos que por Ley de la Seguridad Social les asisten. Correspondería al órgano rector del sistema (CNSS) emprender una intervención mediadora entre las partes -con o sin sus anuencias- en auspicio a una transacción que imponga equidad en las relaciones contractuales de ambos componentes de la cobertura sanitaria a un extenso segmento de la población dominicana. Esto, al margen de lo que la asociación que representa a todas las ARS haría por su propia iniciativa para zanjar contradicciones que no deben persistir por poner en riesgo una crucial protección social.

    Del lado de los protegidos por las administradoras ARS Primera y ARS Futuro está en pie la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, DIDA, que ayer elevó un recurso de amparo ante la justicia en favor de los inscritos en ambas entidades fundándose en la Constitución de la República que permite al diligente órgano actuar cuando entiende que está amenazado algún derecho de ciudadanos adscritos a la Seguridad Social.

    Por igual, procede invocar la ley 87-01 que puede ser activada para demandar respeto a su mandato que obliga a una revisión técnica periódica de los costos médicos y de la cobertura de las hospitalizaciones para evitar que los centros de salud (que reclaman una actualización de los pagos que reciben de las ARS) operen con pérdidas por la desactualización de la tarifa por servicios que rige sus vínculos asistenciales con las administradoras.

    Editorial



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