Venezuela acaba de recordarnos algo que en el Caribe solemos olvidar cuando nuestro suelo está quieto: los desastres no comienzan el día del terremoto. Comienzan mucho antes, cuando se construye mal, cuando se supervisa poco, cuando los planes de emergencia existen solo en papeles envejecidos, cuando los simulacros se tratan como pérdida de tiempo y cuando el Estado confunde reacción con prevención.
Los sismos del 24 de junio en Venezuela, de magnitudes 7.2 y 7.5 según reportes del USGS, dejaron miles de personas fallecidas, decenas de miles heridas o desplazadas, daños severos en Caracas, La Guaira y otras zonas, además de riesgos posteriores de deslizamientos, colapso sanitario y crisis humanitaria. No es una noticia lejana. Es una advertencia regional. Y República Dominicana haría muy mal en mirarla con la cómoda distancia con que a veces observamos las tragedias ajenas, como si la geografía nos absolviera.
No nos absuelve.
República Dominicana está asentada en una zona sísmicamente activa. La isla Hispaniola convive con fallas importantes, entre ellas la Falla Septentrional, la Falla Enriquillo-Plantain Garden, la Trinchera de los Muertos y la Falla del Norte de la Hispaniola. El propio Instituto Sismológico de la UASD ha advertido sobre el alto riesgo sísmico del país y ha recordado que el terremoto de 1946, de magnitud 8.1, fue uno de los mayores registrados en la región del Caribe. Es decir, no estamos hablando de una posibilidad remota ni de una paranoia técnica. Estamos hablando de riesgo conocido, documentado y, por tanto, administrable.
El problema es que en nuestros países la prevención suele tener mala prensa. No inaugura edificios, no corta cintas, no produce titulares agradecidos. Prevenir es revisar estructuras, fiscalizar permisos, reforzar escuelas, mapear vulnerabilidades, entrenar comunidades, actualizar normas, exigir responsabilidad técnica. Es un trabajo incómodo porque obliga a mirar donde nadie quiere mirar: la informalidad, la corrupción pequeña y grande, los permisos otorgados sin rigor, las viviendas levantadas donde no debieron levantarse, las escuelas que no resistirían, los hospitales que deberían ser refugio y podrían convertirse en víctimas.
Venezuela nos muestra que el terremoto no mata solo por su magnitud. Mata también por la fragilidad acumulada. Mata por la edificación vulnerable, por la falta de protocolos, por la descoordinación institucional, por la información tardía, por la ausencia de rutas de evacuación claras, por los barrios sin planificación, por la pobreza convertida en exposición permanente al peligro. Un sismo es un fenómeno natural. La catástrofe, casi siempre, tiene firma humana.
República Dominicana tiene que verse en ese espejo sin soberbia. No para entrar en pánico, sino para hacer lo que los Estados serios hacen antes de que el desastre obligue a improvisar: prevenir, mitigar, preparar y fiscalizar.
Lo primero es asumir la gestión del riesgo como política pública central, no como apéndice de temporada ciclónica. Necesitamos una auditoría nacional de infraestructura crítica: hospitales, escuelas, puentes, edificios públicos, destacamentos, centros de acogida, presas, puertos, aeropuertos, estaciones de combustible, torres residenciales y zonas de alta concentración humana. No basta con saber que existen normas sismorresistentes. Hay que saber si se cumplen, quién las verifica, con qué frecuencia, bajo qué sanciones y con qué consecuencias cuando se violan.
Lo segundo es revisar la construcción privada con seriedad. En República Dominicana hemos normalizado demasiadas excepciones. Un piso adicional aquí, una varilla menos allá, un permiso resuelto por contactos, una supervisión flexible, un plano que se modifica en obra como si la ingeniería fuera un asunto de entusiasmo. Esa cultura puede parecer rentable hasta que tiembla la tierra. Entonces se descubre, tarde, que la informalidad también se cae encima de la gente.
Lo tercero es preparar a la población. Cada escuela debería tener simulacros periódicos y protocolos visibles. Cada condominio debería saber dónde evacuar, cómo cortar gas y electricidad, cómo asistir a personas mayores, con discapacidad, niñas, niños y personas enfermas. Cada empresa debería contar con un plan de continuidad operativa y seguridad humana. Cada ayuntamiento debería tener mapas de zonas vulnerables, puntos de encuentro, rutas de evacuación y mecanismos de comunicación comunitaria. La prevención no puede depender de que alguien recuerde un afiche visto hace cinco años.
Lo cuarto es fortalecer la institucionalidad de respuesta. Defensa Civil, COE, bomberos, ayuntamientos, sector salud, Obras Públicas, Educación, Policía, Fuerzas Armadas, empresas de telecomunicaciones y sector privado deben operar sobre protocolos comunes, no sobre impulsos separados. En una emergencia real, la improvisación cuesta vidas. La coordinación no se inventa bajo escombros. Se ensaya antes.
Lo quinto es incorporar una mirada social. La gestión de riesgos no puede limitarse a decirle a la gente “prepárese”, como si todas las personas tuvieran las mismas condiciones para hacerlo. No es igual vivir en una torre construida bajo supervisión técnica que en una vivienda informal levantada en una ladera. No es igual evacuar con vehículo propio que depender de transporte público. No es igual tener seguro, ahorros y redes familiares que perderlo todo en una habitación alquilada. La prevención también es justicia social.
La transparencia salva vidas. Necesitamos información pública, accesible y actualizada sobre riesgos. Qué zonas son más vulnerables. Cuáles edificaciones públicas requieren intervención. Cuáles hospitales están preparados. Qué presupuesto existe para mitigación. La ciudadanía no puede ser tratada como espectadora pasiva de su propio riesgo.
Venezuela hoy duele, pero también advierte. Nos dice que un país no puede esperar a que la tierra se abra para descubrir sus grietas institucionales. Nos dice que los desastres no perdonan la negligencia acumulada. Nos dice que la solidaridad internacional es necesaria, pero nunca sustituye la preparación nacional. Y nos dice, sobre todo, que la prevención es una obligación ética del Estado.
República Dominicana tiene tiempo. No sabemos cuánto, pero tiene tiempo. Tiempo para revisar, reforzar, educar, coordinar, presupuestar, fiscalizar y corregir. Tiempo para tomar en serio lo que tantas veces dejamos para después. Tiempo para entender que la seguridad no empieza cuando llegan las sirenas, sino cuando la sociedad decide no vivir de espaldas a sus riesgos.
El terremoto no es solo lo que mueve la tierra. Es lo que revela, en segundos, todo lo que un país decidió no atender durante años.
Y esa réplica, si no actuamos ahora, también puede alcanzarnos.
