Tres destacados juristas favorecieron la entrada en vigencia del nuevo Código Penal en el mes de agosto e inmediatamente iniciar un proceso de su reforma en el Congreso, ya que modificarse mediante decisiones que impongan jurisprudencia o sentencias del Tribunal Constitucional (TC) tardaría un buen tiempo y la nueva legislación incorpora figuras delictivas que no tenían penalidad.
Otra opción planteada por los especialistas es que el TC dicte una sentencia exhortativa para que el Congreso corrija las falencias que contiene la normativa.
Igualmente, rechazaron extender el período de vacatio legis (entre promulgación y entrada vigencia) como han planteado algunos juristas, ya que este período es para capacitación de los actores en su implementación.
Señalaron que se trata de una reforma con más de 30 años en discusión buscando un código que responda a la sociedad de hoy, por lo que frenarla no garantiza que se obtenga uno mejor mientras la criminalidad avanza. Aunque reconocen que esta no es la única forma de enfrentarla.
Estas consideraciones fueron expuestas por Alejandro Moscoso Segarra, exjuez de la Suprema Corte de Justicia, Katia Miguelina Jiménez, exjueza del Tribunal Constitucional y Rafael Báez, juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quienes participaron en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.
Aportes y falencias
Los expertos en derecho destacaron los aportes del código que adecúa a los nuevos tiempos tipos penales como delitos de alta tecnología, el sicariato, uso de químicos en actos de violencia, incitación al suicidio, carreras ilegales, ciberbulling. También delitos contra la propiedad como las estafas piramidales, la compra de objetos robados y otros.
Entre los que han generado controversia están la difamación e injuria, el derecho a la intimidad, al buen nombre, sobre la violencia contra la mujer, el aumento y el cúmulo de penas de prisión y multas. Hasta al momento en el Tribunal Constituiconal se han depositado varios recursos de revisión sobre al menos 100 artículos.
“Toda norma es perfectible, el código tiene debilidades y existen acciones ante el Tribunal Constitucional que es necesario mejorar, pero es un proceso que lleva tiempo”, expresó Moscoso, exfiscal del Distrito Nacional.
Citó el caso de Francia que hizo su última reforma penal en 1994 y luego de este hecho se han reformado más de 100 artículos.
“Desde mi punto de vista lo recomendable es que el código entre en vigencia y se presente un proyecto de reforma o que el Tribunal Constitucional de una sentencia exhortativa al Congreso para que modifique o saque algunos tipos penales”, agregó Moscoso.
Jiménez afirmó que en materia de violencia de género el artículo 124 de la nueva ley tiene ambigüedades al omitir aspectos de la fuerza pública, lo cual tiene consecuencias importantes a la hora de que vaya a judicializar un caso.
Refutó también Jiménez la inclusión de una excepción a la responsabilidad penal de una madre, padre o tutor ejerza violencia hacia un niño para “ educar o disciplinar” , lo cual contradice el Código del Menor y la Constitución que establece la protección de niños y adolescentes y convenciones internacionales. Mientras que en el 127 se sustituye el término “contra la mujer” por la de “cualquier persona”, lo que viola la Constitución que otorgar importancia a los derechos de la mujer, afirmó.
De su lado Báez llamó la atención de la naturaleza punitivista del código con un aumento de las penas de forma desproporcionada con hasta 60 años de prisión acumulada, así como las multas en hasta mil salarios mínimos. “Todas las infracciones del Código están aumentadas y esa es la gran preocupación que la respuesta estatal de la pena desborda los límites utilitarios de la pena”, manifestó.
Populismo congresual
Los juristas coincidieron en que mayores penas obedecen a populismo de los congresistas y que esto no resolvería el tema de la crminalidad y crearía más presión al sistema carcelario.
Moscoso apuntó que una política criminal adecuada se fundamenta en la prevención, al poner de referencia los Estados Unidos que tiene pena de muerte y aún así la mayor cantidad de prisiones del mundo mientras que los países nórdicos están cerrando las cárceles. “El que diga que con el Código el problema de la criminalidad se va a eliminar, está mintiendo. La criminiadad su causa es social y su respuesta debe ser social”, expresó Moscoso.
Mientras que Jiménez indicó que el argumento de la mano dura políticamente vende y no así la reducción de penas. De su lado Báez advirtió que el código tendrá un impacto muy negativo en el ámbito penitenciario con personas con penas de hasta 40 años sin ningún tipo de incentivo.
Otro tema es el aumento del trabajo de jueces y fiscales, ya que el código tiene 70 tipos penales más que el vigente y más infracciones con tribunales de por sí saturados porque no se usan las vías alternas de solución de conflictos.
