El racismo ha sido uno de los peores lastres de la humanidad. Siempre ha estado latente en la geografía mundial, pero por momento y debido a situaciones particulares, se torna brutalmente manifiesto a través de ideas, hechos, exclusiones y genocidios casi siempre justificados en nombre de la preservación de una ficticia pureza étnica o cultural que caracterizaría una imaginada comunidad, nación o continente. Es lo que, con diversos grados de radicalización, vive el mundo actual, condicionando, o peor aún, corroyendo la práctica política, las relaciones sociales, interpersonales y familiares.
En nuestro país, el racismo como recurso de campaña política se inició abierta y profusamente contra Peña Gómez en los procesos electorales del 94 y 96, utilizando los bajos recursos para denigrarlo y presentarlo como un peligro para la nación. Era “camino malo”, el peligro de fusión con Haití. Las expresiones verbales, los vídeos, las marchas con peluches de monos en alusión a ese dirigente eran profusas. Eso lo vi en una caravana del PLD que pasaba frente a mi casa en la avenida Sarasota; también leí en la prensa las declaraciones cerrilmente racistas de un destacado miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, en las que decía que Peña era “gestual y emocionalmente haitiano”.
A esas malas artes, se recurrió en las primarias del Partido Demócrata en el Distrito 13 de NY, para tratar de impedir que Darializa Ávila Chevalier, una dominicana nacionalizada estadounidense, fuese nominada candidata a la Cámara de Representantes de EE. UU. para las elecciones de medio término de noviembre próximo. A pesar de eso, fue elegida, pero el uso desenfrenado del racismo en ese proceso tiene efectos perversos, pues contribuye a la división de la diáspora dominicana en ese distrito y quizás en toda la ciudad, y eso tiende a limitar los alcances de las luchas de esa comunidad para o preservar y ampliar sus derechos.
Aquí, el racismo y su correlato, el tema haitiano, toma fuerza en el contexto del sostenido incremento de la migración haitiana en nuestro país en las últimas dos décadas, usándolo profusa e ilegalmente como recurso de campaña electoral. Ese lastre, al igual que en otros países, ha sido “normalizado” como práctica abierta y sin tapujo en la esfera de la política, al tiempo de desempolvar la delirante idea de que la población migrante terminaría superando la a veces supuesta originaria (blanca), conocida como “teoría del remplazo. Sin decirlo, pero basado en ella, se pretende no regularizar a migrantes o de origen que, aquí y en otros lugares, han echado raíces.
El uso abierto del racismo como recurso de campaña política tiene un efecto corrosivo sobre la democracia y sobre la unidad nacional y sin ésta difícilmente puede ser sostenible cualquier proyecto político. Muchos políticos nuestros que en cierta medida lo hicieron en pasados procesos electorales, no tienen empacho en tratar de hacerlo nuevamente en el que se avecina, con hechos, ya han dado claras demostraciones. Podrían pagar una cara factura. Persistir en esa actitud significa buscar el chivo expiatorio para evadir los tantos problemas nacionales y justificar directa e indirectamente las exclusiones, abusos y el no reconocimiento de derechos universalmente establecidos.
