La República Dominicana no tiene un problema de terremotos. Tiene un problema de preparación. Vivimos sobre una de las zonas sísmicas más activas del Caribe y, aun así, seguimos respondiendo a las grandes emergencias con improvisación, equipos insuficientes y dependencia de la ayuda externa. Nuestra capacidad de respuesta sigue siendo una deuda histórica que ninguna tragedia ha logrado saldar.
Los hechos recientes lo confirman con crudeza.
El caso más reciente, asociado al colapso en el entorno del Jet Set, dejó al descubierto algo más profundo que la tragedia misma: la insuficiencia operativa del Estado para responder a una emergencia compleja en tiempo real. No había suficientes maquinarias especializadas para mover escombros de gran escala, ni scanners adecuados para detectar posibles sobrevivientes bajo estructuras colapsadas. La respuesta terminó dependiendo, en parte, de la llegada de apoyo desde Puerto Rico, no solo en personal entrenado, sino también en equipos esenciales.
Esa escena plantea una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que un país en una zona sísmica no cuente con autonomía mínima para responder a un colapso estructural de gran magnitud?
A esto se suma otra dimensión igual de crítica: la ausencia de un protocolo robusto y sostenido para la gestión de víctimas en escenarios de desastre. La capacidad forense es limitada, no hay suficientes patólogos, y la infraestructura de morgues no está preparada para manejar picos de mortalidad derivados de eventos masivos. La gestión de cuerpos, identificación y preservación se convierte en un cuello de botella que agrava el dolor y la incertidumbre de las familias.
El otro antecedente que no puede olvidarse es el colapso del desnivel de la avenida 27 de Febrero, ocurrido en noviembre del antepasado año. Allí, las personas permanecieron por más de cinco horas sin poder ser rescatadas. La escena final fue aún más reveladora: una grúa de una empresa privada terminó siendo decisiva para mover la gran masa de concreto que impedía el acceso a las víctimas. Otra vez, la improvisación suplió la planificación.
Estos episodios, separados en el tiempo pero unidos por un mismo patrón, revelan una realidad estructural: la respuesta a emergencias en República Dominicana depende demasiado de la suerte, la solidaridad externa o la iniciativa privada, y demasiado poco de una capacidad estatal consolidada.
El reciente terremoto en Venezuela ha vuelto a encender las alarmas en la región. Las imágenes de destrucción y la dificultad de respuesta inmediata han evidenciado algo que trasciende fronteras: incluso en países con voluntad de ayuda, la falta de equipos, tecnología y logística limita la acción en los momentos más críticos.
La República Dominicana debería mirarse en ese espejo sin complacencia. No para generar alarma, sino para asumir una verdad incómoda: la resiliencia no se improvisa, se construye. Y se construye antes de la tragedia, no durante ella.
Porque cuando el suelo se abre o el concreto cede, no hay discursos que sustituyan a las grúas, ni voluntades que reemplacen a los protocolos. Solo queda la capacidad real de respuesta. Y esa, todavía, está en construcción.
