El Ministerio Público varió este jueves de prisión preventiva a arresto domiciliario el pedimento de medida de coerción contra una de las tres personas apresadas en la Operación Onco14, acusadas de integrar una presunta estructura que se habría aprovechado del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse mediante maniobras fraudulentas que habrían afectado al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes con cáncer y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La beneficiada es Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien, según comunicó su abogado, Ricardo Reina, aceptó parte de los cargos que el órgano persecutor le atribuye y expresó su disposición de colaborar en el proceso.
“El Ministerio Público hoy acogió nuestro pedimento de darle prisión domiciliaria a nuestra representada… Esperemos seguir colaborando y ayudando al Ministerio Público y a la sociedad dominicana a que sea resarcida de lo que ocurrió en el patronato. Hemos aceptado parte de los hechos y en su momento el pueblo dominicano tendrá la respuesta adecuada de lo que estamos colaborando con el Ministerio Público”, manifestó el jurista ante la prensa.
Sin embargo, el abogado de la imputada Luisa Yasiris Guzmán expresó su oposición a esta decisión, al alegar que Vargas Sánchez era parte del “famoso entramado” en su condición de administrativa del IORC.
“Es decir, ya se sabe que Dilcia va a tener prisión domiciliaria. Sería muy desproporcional que Dilcia, que era parte del famoso entramado en calidad de administrativa del oncológico, reciba prisión domiciliaria y entonces Luisa vaya a una prisión preventiva de 18 meses”, pronunció Pantaleón Mieses.
El defensor también señaló: “Es importante establecer que el Ministerio Público, en estos casos, se comporta como si fuera una audiencia de fondo, estableciendo culpabilidades sin tener una investigación acabada. Todavía faltan hacer auditorías, realizar algún tipo de entrevista a testigos y, sobre todo, la disposición que tuvo Luisa Guzmán en relación con su investigación”.
La petición del MP
En la audiencia de este jueves celebrada por la jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, el órgano investigador solicitó que se impongan 18 meses de prisión preventiva contra los imputados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, así como para su actual esposa Luisa Yasiris Guzmán.
El Ministerio Público solicita que se declare el proceso de tramitación compleja por la pluralidad y la gravedad de los hechos imputados, así como por la posible pena a imponer en un juicio.
La investigación realizada del órgano persecutor aborda hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.
Este jueves, la jueza aplazó la audiencia hasta el próximo lunes, 29 de junio, a las 7:30 de la noche, cuando el Ministerio Público espera que dicte su resolución.
El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, encabezó el equipo litigante, junto a Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y la procuradora de corte Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago. También, lo integraron Joanna García, de la Dirección General de Persecución, a cargo de la Dirección Técnica de la Fiscalía de Santiago, y Elvin Ventura, encargado de Casos Complejos en esa jurisdicción.
