No quiero ponerlos a todos en el mismo saco, pero definitivamente tenemos que protegernos de algunos políticos. De los que no les importa que se mutilen derechos fundamentales —que se jodan los demás— con tal de imponer sus intereses coyunturales.
Desde Maquiavelo se dice que el fin justifica los medios. Es lo mismo decir que no importa el cómo cuando se trata de la consecución del poder. Estoy de acuerdo, pero siempre que contextualicemos “los medios”. No es lo mismo la Italia fragmentada y renacentista del siglo XVI, debatiendo entre guerras e invasiones, que los valores que rigen el Estado social y democrático de derechos en el siglo XXI, plasmados sobre el papel de nuestra Constitución.
Tampoco soy un iluso, no aspiro al concepto de la teoría clásica de la democracia esbozado por los filósofos utilitaristas del siglo XVIII; quizás, sí a la poliarquía de Dahl, en el entendido de que como sistema político se trata de grupos organizados que tienen participación en el debate abierto y plural.
Inconcebible que en una sociedad que se rige bajo un Estado de derecho, el órgano facultado para para organizar las elecciones, la JCE —por una instancia sometida por la Fuerza del Pueblo— emita un reglamento el 22 de mayo prohibiendo la publicación de encuestas con fines electorales. Imponiendo de manera unívoca una visión autoritaria que beneficia políticamente a un solo partido. Quizás a dos, porque la resolución fue defendida muy tímidamente por el ministro de la presidencia José Ignacio Paliza.
Lo penoso es que no tomaron en cuenta que la democracia se fortalece con el debate y el principal instrumento para científico para alimentar la discusión pública son las encuestas que no solamente registran simpatías, valores y actitudes de quienes aspiran a ostentar el poder sino también ponderan los problemas nacionales, expectativas de las personas en torno a ellos, y les permiten a los medios de comunicación procurar esa información para servírsela a la ciudadanía.
¿No se fortalece la democracia con una ciudadanía más informada?
La violación a los derechos fundamentales como la libertad de expresión y difusión del pensamiento. La libertad de empresa. El derecho de los ciudadanos a recibir información, el absolutismo de querer regular derechos fundamentales a través de reglamentos ya ha sido ampliamente debatido por los constitucionalistas, los de verdad. Académicos que continuamente aportan sus ideas al debate público.
¿Cómo es posible que los magistrados de la JCE no hayan consultado fuentes acreditadas como esas? ¿Por qué destruir una credibilidad bien ganada por la carpintería del doctor Román Jaquez y un pleno que le restituyó la credibilidad a una institución que fue sepultada con la suspensión de las elecciones del año 2020?
El principal argumento de la resolución son los “efectos nocivos” que generan en la ciudadanía, supuestamente conocer el nivel de simpatías de los actores políticos alteraría la sana y libre competencia entre quienes aspiren y no figuren en las mismas. ¿Cuál es el fundamento democrático de ese planteamiento? ¿Acaso es dañino para la ciudadanía tener una idea clara y objetiva sobre las simpatías de los actores políticos, nivel de conocimiento, actitudes y valores que representan, sus ideas en torno a la sociedad, la economía, la política, el Estado? ¿Qué es lo que en el fondo se pretende vaciando la democracia de contenido? ¿Cómo podemos prescindir de las encuestas con credibilidad que realizan firmas contratadas por medios de comunicación? ¿Imaginemos un escenario donde no existieran encuestas y estemos llenos de subjetividades, sin información veraz que nos permita construir un análisis riguroso y solo nos “edificamos” a través de las manipulaciones de los políticos?
En consecuencia, tenemos que blindar la democracia de ese tigueraje y para eso necesitamos una prensa cada día más autónoma. Además; intelectuales, académicos, empresarios, y grupos organizados incidiendo en el debate público expresando abiertamente sus ideas. Aclarando los temas y no confundiéndolos y silenciándolos como los que pretenden imponer sus resoluciones antidemocráticas a través del poder que ostentan en las instituciones.
