Al concluir ayer su defensa los abogados del mayor general Adan Cáceres Silvestre solicitaron a las juezas del primer tribunal colegiado la absolución del alto oficial, alegando que el Ministerio P{ublico no pudo probar los hechos que le imputa ni su responsabilidad penal.
Refutaron la trazabilidad bancaria y la “ilogicidad de la acusación, afirmando que para determinar el supuesto orígen ilícito de los recursos del exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el MP no hizo la investigación que le recomendó hacer la Cámara de Cuentas.
La defensa, encabezada por Romer Jiménez, dijo que lo que hizo el órgano de persecución fue convertir una línea de investigación en la prueba de elección, e iniciar un caso en base a eso
“Hay una ruta bancaria que el Ministerio público no quiso seguir, aquí no hay una ruta de investigación, aquí lo que hay es un relato en el que no se prueba lavado de activos ni testaferrato ni propósito de disimular u ocultar ni ningún otro de los ilícitos que el Ministerio Público le atribuye al señor Adan Cáceres Silvestre”, subrayó la defensa encabezada por Romer Jiménez.
Solicitó que en virtud de que el MP a través de la procuraduría Anticorrupción (Pepca) no logró probar la comisión de los hechos imputados a Cáceres Silvestre, ni demostrar su participación en algún hecho punible, y ante la ausencia de responsabilidad penal, el tribunal además proceda al levantamiento de cualquier medida de coerción personal que pese sobre el imputado.
Asimismo que rechace la solicitud de decomiso hecha por el MP, y ordene la devolución inmediata de todos los bienes propiedad del alto oficial, secuestrados en ocasión de los allanamientos que le hizo el órgano acusador.
Solicitaron además, el levantamiento de las oposiciones, inmovilizaciones y demás medidas de coerción reales dictadas en contra de los bienes del imputado, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal (CPP)
En el aspecto civil, solicitaron que se rechace en todas sus partes la querella en constitución con parte civil del Estado Dominicano, así como las indemnizaciones solicitadas por este a través del equipo de recuperación y lo condene como parte querellante al pago de las costas. El MP le imputa encabezar entramado que habría desviado RD$4,500 millones fondos públicos.
